El Congreso de EU hizo hoy un balance de la colaboración entre Estados Unidos y México bajo la llamada “Iniciativa Mérida”, para el combate contra las drogas y el crimen organizado, que ha ayudado a México hasta ahora con mil 200 millones de dólares en instrucción y equipos.
“Hemos trabajado juntos para fortalecer la capacidad del sistema de justicia de México para contrarrestar el crimen organizado y sus efectos violentos y corruptores”, afirmó el secretario asistente de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Policía, William Brownfield.
El funcionario y otros expertos concurrieron a una audiencia del subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EU que evaluó los resultados obtenidos por ese programa bajo el cual Washington ha desembolsado mil 200 millones de dólares de los mil 900 millones prometidos en 2008 a México.
“Por cada dólar de ayuda que EU ha invertido, el Gobierno de México ha dedicado diez dólares de los suyos”, subrayó Brownfield.
Para el ejercicio fiscal 2014, el Gobierno estadunidense ha solicitado al Congreso 148 millones de dólares, menos que los previstos para 2013 (199 millones) y que en 2012 (248 millones).
Esta reducción gradual era “previsible”, según el funcionario, debido al éxito y al cambio de naturaleza de la ayuda.
Brownfield indicó que el programa ha capacitado a 8.500 empleados de la justicia federal mexicana y a más de 19 mil policías federales y estatales.
La “Iniciativa Mérida” también ha servido para multiplicar las cárceles a nivel federal, de cinco con capacidad para 3 mil 500 presos a 14 con una capacidad para 20 mil reclusos.
“Desde 2009, México ha capturado a más de cincuenta cabecillas máximos y de nivel medio de las organizaciones de tráfico” ilícito, según Brownfield.
Clare Seelke, del Servicio de Investigación del Congreso -una agencia apolítica que elabora estudios para los legisladores- dijo que la Iniciativa Mérida “diseñada en apoyo de la agresiva estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón se adapta ahora para apoyar la nueva prioridad del presidente Enrique Peña Nieto que es la reducción de la violencia”.
“Si bien los esfuerzos bilaterales han dado algunos resultados positivos, la aparente debilidad del sistema judicial de México parece haber limitado la eficacia de los esfuerzos contra el crimen”, advirtió.
Seelke dijo que “las fuerzas policiales ineficaces y a menudo corruptas, los fiscales débiles y un sistema de prisiones sobrepoblado y desorganizado han socavado los esfuerzos bilaterales y los de México en la lucha contra el crimen”.
Por su parte, Francisco González, profesor en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, que pertenece a la Universidad Johns Hopkins, fue crítico, aunque opinó que la “Iniciativa Mérida” ha tenido un vuelco positivo en los últimos años.
“Enfocada originalmente en la capacitación y la venta de equipo militar y policial para ayudar al Gobierno de México en su llamada guerra contra las drogas, la Iniciativa tuvo un vuelco significativo y bienvenido en 2010 con un enfoque que enfatizó la ayuda a México para llevar al país el imperio de la ley”, dijo el experto.
A menudo “los acusados no pueden acceder a los documentos de las fiscalías, los juicios se llevan a cabo en secreto, se coerce a los testigos clave y el 80 por ciento (de los procesados) jamás ve al juez que los sentencia”, denunció González.
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