Una fuerte acusación por parte de Estados Unidos ha puesto en tensión la relación con México, luego de que autoridades estadounidenses señalaran al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones, el señalamiento incluye a un grupo de políticos y mandos de seguridad que, supuestamente, habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios económicos y respaldo político.
Entre los implicados también se encuentra el senador Enrique Inzunza, así como otros funcionarios estatales y municipales, incluidos exjefes policiacos, servidores públicos y autoridades de Culiacán, quienes enfrentarían cargos similares relacionados con crimen organizado y uso ilegal de armas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios habrían permitido operaciones del grupo criminal, además de brindar información estratégica y protección para evitar detenciones o investigaciones en su contra.
Incluso, se señala que algunos elementos de seguridad habrían participado directamente en actos delictivos como secuestros, asesinatos y protección de cargamentos de droga, siguiendo órdenes de altos mandos o actores políticos.
Según la versión presentada, Rubén Rocha Moya habría llegado al poder con apoyo de un grupo criminal, el cual habría intervenido en el proceso mediante intimidación a opositores, a cambio de recibir protección una vez en el gobierno.
También se menciona que algunos funcionarios recibían pagos constantes por colaborar con la organización, facilitando información sobre operativos y permitiendo el control territorial en ciertas zonas.
Ante estas acusaciones, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que ya recibió solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, aunque aclaró que no existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad de los señalados.
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de acusaciones sin fundamento, además de considerar que representan una afectación a la soberanía nacional.
Las autoridades estadounidenses han advertido que los delitos imputados son graves y podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua, al tiempo que reiteraron su postura de combatir la corrupción vinculada al crimen organizado.
Este caso abre un nuevo capítulo en la relación bilateral, al involucrar directamente a funcionarios en activo y elevar la discusión sobre seguridad, justicia y cooperación entre ambos países.
