Con el fin de evitar abusos por parte de los prestadores de servicios de transporte público en las comunidades indígenas, el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad, la reforma al artículo 31 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, propuesta presentada por el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez.
Mediante esta modificación, se indica que para la aprobación o revocación del otorgamiento de permisos o concesiones de trasporte público en las comunidades, se podrá tomar en cuenta la opinión de la Asamblea General Comunitaria. En la exposición de motivos, se indica que en San Luis Potosí se encuentran un gran número de comunidades que enfrentan situaciones de alta y muy alta marginación, lo cual vuelve a sus habitantes vulnerables ante personas que abusan sus necesidades, situación que hace necesario el velar por su protección y seguridad.
“El transporte público es un servicio de gran necesidad para esta gente, debido a la alta dispersión poblacional que existe en un gran número de comunidades y localidades, por lo que, para acceder a los servicios básicos, comprar los alimentos necesarios y vestido, tienen que trasladarse muchos kilómetros por caminos agrestes lo que puede implicar hasta varias horas dependiendo de la forma de traslado”, se señala.
Se indica que, debido a su condición y necesidad de traslado, se dan abusos por parte de los prestadores de servicio de transporte público, quienes cobran incluso el doble de la tarifa establecida, y utilizan unidades abiertas y en condiciones inseguras para el traslado de los pasajeros.
Agrega que por ello, es interés de la Asamblea General Comunitaria el poder contar con facultades para opinar sobre la prestación de estos servicios, el otorgamiento de permisos o concesiones de transporte, de manera que pueda vigilar y privilegiar la prestación de un servicio de transporte de calidad y en condiciones de seguridad apropiadas para el traslado de y hacia sus lugares de origen.
Fuente: El Heraldo
