Estela Ambriz Delgado
Derivado de la demanda presentada por el abogado Gustavo Barrera López contra la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y la empresa “Espacios en el Horizonte” por el pago de 3.5 millones de pesos por honorarios no cubiertos, el Juzgado Primero Civil publicó un acuerdo en el que se determina depositar como fianza 350 mil pesos, sin embargo, advierten que la suma total puede duplicarse o triplicarse.
El pasado 17 de julio el juzgado publicó en su lista de acuerdos, el relativo al número de expediente 669/2024, contra el presidente del comisariado de bienes comunales Andrés Jesús Cruz Campos, y los representantes del grupo empresarial Alberto Adrián Ayala Gallegos, y José Carlos Simón Mahbub Sarquís, y en el mismo se establece que se deberá depositar como fianza o garantía 10 por ciento de 3.5 millones de pesos correspondiente a la suerte principal reclamada en sus prestaciones.
Asimismo, destaca en el acuerdo que Barrera López solicitó anotación marginal sobre la tramitación de la demanda, en el Instituto Registral y Catastral del Estado y el Registro Agrario Nacional (RAN), en el caso de la primer dependencia la misma sería en la escritura constitutiva de la sociedad demandada Espacios en el Horizonte, S.A. de C.V., en tanto que en el RAN sobre la comunidad, además de dar aviso al Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA).
Al respecto, el colectivo Guardianes de la Sierra consideró que esta demanda por 3.5 millones de pesos, más lo que se acumule, implica que hay una serie de temas por el incumplimiento de parte de quienes lo contrataron, es decir, los representantes de la comunidad que han puesto los empresarios.
“Esta demanda de indemnización por el incumplimiento de obligaciones contractuales, de una cuestión de prestación de servicios, ya sabemos hasta dónde puede llegar, porque tiene el carácter de que los intereses van a crecer y crecer y en unos cuantos meses la suma va a duplicarse o triplicarse, y si el asunto se lleva más tiempo el abogado va a terminarse cobrando a lo chino”.
De igual forma, el colectivo apuntó la gravedad de que al ordenar el juzgado las anotaciones marginales, el abogado le da un trato a los terrenos comunales como si fueran un bien mercantil y éste fuera ya parte del proyecto inmobiliario.
En este sentido, advirtieron de la vasta experiencia de Barrera López para litigar temas de honorarios, pues en su momento doblegó al Ayuntamiento de la capital bajo la administración de Octavio Pedroza Gaytán, obteniendo sumas millonarias a favor de los empresarios, así como a otras administraciones municipales, con asuntos que tiene que ver con cambios de uso de suelo.
