Se suma una nueva denuncia contra el ‘bullying’ en Derechos Humanos. Extrabajadora de la Comisión Estatal asegura que fue condicionada: aceptaba reducción de sueldo, o sería sancionada
Una extrabajadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asegura que fue hostigada por la ombudsman de Nuevo León y sus colaboradores, como una estrategia de intimidación para aceptar una reducción de salario.
La criminóloga y abogada Martha Alicia Valdez Valenzuela, quien se desempeñaba como proyectista adscrita a la Coordinación Penitenciaria de la Tercera Vistaduría General del organismo, presentó el pasado 19 de marzo una queja por el acoso laboral que sufrió durante varios meses.
Según la querella interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la exproyectista fue presionada para que aceptara un reajuste de su sueldo, o se sometería a un proceso administrativo que podría derivar en una denuncia penal.
“(La ombudsman) ha desarrollado un programa de terror, para intimidarme y obligarme a que acepte una reducción salarial, o de lo contrario se me abrirá un proceso de investigación administrativa para correrme del trabajo”, se lee en la queja con el folio 31 mil 819.
El caso se suma al de Gustavo Meraz Rodríguez, exdirector de Conclusión y Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la institución, quien fue despedido porque no aceptó una disminución de su percepción.
Éste también presentó una queja ante la CNDH que acompañó con diversas grabaciones de las conversaciones que sostuvo con la ombudsman y que evidencian el acoso laboral al que fue sometido.
Valdez Valenzuela sostiene que sufrió del hostigamiento de la titular “al menospreciar mi trabajo y capacidad como profesionista y ultrajar sin derecho alguno mi dignidad como persona”.
Según la nueva queja, la criminóloga fue amenazada que si no aceptaba la propuesta sería investigada por haber “extraviado” un expediente.
En sus casi 20 años de servicio ininterrumpido en el organismo protector de los derechos humanos, alcanzó a percibir un sueldo de 25 mil 248 pesos.
Como sucedió en el caso de Meraz Rodríguez, se intentó incluirla en el Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento Integral de las Finanzas Públicas (POFIF) del Gobierno del Estado.
Con esta excusa se reduciría el sueldo a 19 mil 700 pesos mensuales a la abogada, quien ingresó al organismo en 1993, casi desde su fundación.
“En 20 años de servicio no he tenido un incremento significativo, sin embargo, ahora se me está coaccionando para que acepte una reducción salarial de 5 mil 548 pesos.
“Mientras que quien me lo pide gana sueldos muy superiores al mío y curiosamente no se autorecetan ninguna rebaja”.
La quejosa señala como autoridades ejecutoras de las violaciones de Martínez Garza a distintos subalternos de la ombudsman.
Éstos son la primera visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz, la encargada de la Tercera Visitaduría Sylvia Puente Aguilar y el director jurídico de la institución Armando Augusto Reyes Becerril.
Abogados consultados por Reporte Indigo aseguran que el POFIF no se extiende a la CEDH, porque es una institución con autonomía constitucional, y las reducciones salariales son únicamente para el Sector Central y Paraestatal del gobierno.
El expediente ‘perdido’
La extrabajadora asegura que le fue inventada una falta con el objetivo de despedirla.
“Aduciendo que como soy empleado de confianza, pues para ellos, todos los trabajadores somos empleados de confianza y, por ende, no recibiré indemnización alguna”.
Valdez Valenzuela indica que fue acusada de extraviar el expediente número SG-CP-23-51-2012, para supuestamente tratar de perjudicar a la visitadora general Catalina Teresa Rivera Díaz.
La criminóloga se percató que el documento no se encontraba en su archivero en junio de 2012 y lo reportó a sus superiores.
Se inició una búsqueda sin éxito y el asunto se dio por concluido.
En noviembre de 2012, la abogada elaboró un proyecto de conclusión que envió por correo electrónico a Rivera Díaz, quien le dio una noticia sorpresiva:
“Para ahora salirme con el cuento de que era mi responsabilidad la pérdida de dicho expediente”.
En ese momento empezó el acoso laboral de la visitadora, quien le exigió a la exproyectista trabajar durante sus días de descanso y reprogramar su periodo vacacional.
De acuerdo con la queja, el pasado 8 de febrero, la encargada de la Tercera Visitaduria, Sylvia Puente Aguilar, le insistió sobre la reducción de su salario porque era una orden de la Tesorería estatal a la presidenta del organismo .
“Me insistió en que le dijera si estaba de acuerdo con la rebaja, le dije que no, a lo que me respondió la Lic. Sylvia que estaba fuera de la Comisión”.
A lo largo de febrero, la abogada sostuvo diversas conversaciones con la misma funcionaria, quien continuó con la misma propuesta y trató de disuadirla de recurrir a una demanda laboral.
“Aunado a que (dijo que) un hijo del presidente del Tribunal del Estado labora en la Comisión, agregando que la Comisión puede decirme ‘hasta aquí’, sin considerarse como un despido injustificado”.
Aunque solicitó audiencia con la ombudsman, hasta la fecha en que presentó la queja no se la había otorgado.
El interrogatorio
La agraviada menciona que el director jurídico Armando Augusto Reyes Becerril también “se prestó al perverso juego de acoso laboral que implementó la presidenta de la Comisión”.
Junto con Puente Aguilar, el director jurídico del organismo sometió a la extrabajadora a un “interrogatorio ilegal” sobre el expediente “perdido”, el pasado 6 de marzo.
Reyes Becerril le dijo que el asunto ya estaba concluido, pero que el problema se originaba en el acta de búsqueda que la criminóloga había elaborado.
“Afirmándome que dicha acta va a originar que la licenciada Catalina (Teresa Rivera Díaz) me acuse penalmente de difamación, porque en esa acta se dice que ella perdió el expediente, a lo que le respondí que eso no está en el documento”.
Finalmente, el 11 de marzo la visitadora general informó que el expediente “ya había aparecido, insistiendo en adjudicarme la responsabilidad en la custodia y pérdida del mismo, para concluir que se siente traicionada”.
Ante estos hechos, la exempleada solicitó medidas cautelares a la CNDH para evitar que continuara el hostigamiento.
El 22 de marzo fue despedida, pero sigue en espera de una resolución de este órgano.
Reporte Indigo ha solicitado en dos ocasiones una entrevista con la ombudsman para conocer su versión sobre estas quejas.
Pero la Dirección de Comunicación Social de la CEDH prometió una cita con la titular del organismo para hoy lunes.
http://www.reporteindigo.com/reporte/monterrey/exempleada-ombudsman-de-nl-utiliza-el-terror?page=2
