La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirmó públicamente que su exesposo, Carlos Torres, se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que salieran a la luz reportes periodísticos que lo vinculan con una presunta red de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.
La mandataria reconoció durante su conferencia matutina que desde hace meses estaba enterada de la existencia de una denuncia en contra de su exesposo, aunque evitó dar detalles sobre los delitos específicos. Sin embargo, información revelada recientemente por el medio N+ Focus señala que Torres sería parte de una estructura criminal con operaciones en Baja California.
De acuerdo con ese reportaje, la red estaría encabezada por Luis Alfonso Torres, cuñado de la gobernadora y hermano de Carlos Torres. El grupo presuntamente estaría involucrado en el tráfico de drogas, armas y en operaciones para blanquear recursos, además de extorsionar a empresarios mediante la retención de mercancías en aduanas a cambio de pagos millonarios.
La investigación habría iniciado en junio de 2025. Según la información difundida, Carlos Torres supuestamente recibía pagos mensuales de hasta 150 mil dólares por parte del entonces exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, a cambio de facilitar la operación del grupo conocido como “Los Rusos”, una facción ligada al Cártel de Sinaloa.
También se señala que el dinero obtenido por esta red fue utilizado para la compra de bienes raíces en Estados Unidos, lo que podría estar relacionado con el retiro de visas que autoridades estadounidenses aplicaron tanto a Marina del Pilar como a Carlos Torres hace casi un año.
El reportaje indica que, además del exesposo de la gobernadora, la FGR tendría bajo la lupa a funcionarios del SAT, personal de aduanas, así como a alcaldes y servidores públicos municipales de Baja California, por posibles vínculos con esta red.
Aunque no se menciona que Marina del Pilar sea investigada directamente, el medio señala que las indagatorias se han mantenido activas desde octubre, cuando comenzaron a citar a declarar a personas relacionadas con el caso.
Sobre este punto, la gobernadora reconoció que tenía conocimiento de los citatorios filtrados y de la existencia de la denuncia. “Todos conocíamos el tema, es el mismo asunto del que se habló hace un mes o mes y medio”, declaró, confirmando que el caso ya era conocido dentro de su entorno político.
