Dos exfuncionarios cercanos al gobierno de Rubén Rocha Moya ya se encuentran bajo el foco de las autoridades estadounidenses y, de acuerdo con información del caso, buscan colaborar con fiscales de ese país para alcanzar posibles acuerdos judiciales relacionados con las acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Uno de ellos es el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien ingresó a Estados Unidos por la frontera de Nogales, Sonora, y posteriormente fue presentado ante una corte federal en Arizona. Más tarde, se ordenó su traslado a Nueva York, donde continuará el proceso legal en su contra.
Aunque inicialmente se declaró no culpable de los cargos que enfrenta, entre ellos conspiración para introducir drogas a territorio estadounidense, el caso entró ya en una etapa donde pueden negociarse acuerdos con las autoridades a cambio de cooperación e información relevante.
De acuerdo con el procedimiento judicial, los fiscales deberán entregar todas las pruebas reunidas contra el exfuncionario, mientras avanzan las conversaciones relacionadas con una posible colaboración que podría servir para fortalecer investigaciones contra otros perfiles señalados.
La próxima audiencia de Mérida Sánchez quedó programada para junio y será encabezada por una jueza federal que llevará el seguimiento completo del caso. Mientras tanto, el exfuncionario permanecerá detenido en una prisión federal de Brooklyn.
En el mismo centro penitenciario también se encontraría Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense, quien igualmente enfrenta acusaciones en Estados Unidos. Reportes señalan que tras salir de México y viajar a Europa, posteriormente llegó a Nueva York para intentar negociar con fiscales estadounidenses.
Ambos forman parte del grupo de funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos de colaborar con la facción criminal de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, varios de los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para proteger operaciones del grupo criminal, alertar sobre operativos y facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas. En el caso de Mérida Sánchez, se le atribuye haber advertido sobre redadas en laboratorios y casas de seguridad, lo que permitía retirar personas y evidencia antes de la llegada de autoridades.
La investigación estadounidense sostiene que estas acciones ocurrieron durante el periodo en que el militar en retiro encabezó la Secretaría de Seguridad estatal entre 2023 y 2024, etapa en la que presuntamente recibió pagos económicos a cambio de protección.
El caso también ha reavivado episodios ocurridos en Sinaloa antes de la captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. Entre ellos destaca la privación ilegal de decenas de personas en comunidades cercanas a Culiacán en marzo de 2024, situación que elevó la tensión dentro del estado.
En aquel momento, Mérida Sánchez era uno de los principales responsables de seguridad en la entidad y fungió como la cara visible de la respuesta oficial ante la crisis. Con el paso de los meses, la violencia en Sinaloa continuó escalando hasta derivar en una confrontación más marcada entre grupos criminales rivales.
Tras darse a conocer las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, en caso de existir pruebas contundentes contra los implicados, estos deberían enfrentar la justicia, aunque insistió en que los procesos tendrían que realizarse conforme a la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades estadounidenses continúan revisando posibles acuerdos de cooperación con algunos de los acusados, lo que podría abrir nuevas líneas dentro del caso relacionado con funcionarios de Sinaloa y presuntos nexos con el crimen organizado.
