Cuando se habla de impunidad y corrupción en el Estado de México, quizá pensamos en el crimen organizado, en los feminicidas en libertad o en cualquier otro delito. Sin embargo, quizá no pensamos en los gobernadores o exgobernadores de la entidad, que, aunque parezca difícil de creer, algunos seguían beneficiándose de su puesto.
Y es que algunos exgobernadores del Estado de México aún contaban con personal de seguridad y asesores con cargo al erario público. Sin embargo, el día de ayer en el Congreso del estado se aprobó el dictamen para derogar los decretos 87 y 86.
Los cuales permitían que los exgobernadores mexiquenses gozarán de un jefe de ayudantes con rango de subdirector, tres oficiales de seguridad pública, un chofer y hasta una secretaria particular, todos pagados con recursos públicos.
Al respecto, la diputada morenista de Ecatepec y quien promovió la iniciativa, Azucena Cisneros Coss señaló que con esta derogación se erradicaran los privilegios de la clase política, además de que con ello se seguirá el plan nacional de austeridad y se podrá canalizar ese dinero en problemas de la entidad:
“Le regalaron a los exgobernadores un beneficio que ellos nunca pudieron garantizar a sus ciudadanos; la seguridad las 24 horas del día, los 365 días del año y en todo el territorio mexiquense.
La existencia de estos ‘premios’ para ex funcionarios públicos son el símbolo más evidente de los abusos y excesos que se hicieron costumbre en un régimen que fue rechazado y derrotado en las urnas”, añadió la legisladora.
Es importante señalar que los exgobernadores que se quedarán sin estos privilegios son: César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo Pagaza, Alfredo Baranda, Arturo Montiel e incluso el también expresidente Enrique Peña Nieto.
Este decreto de privilegios para los exgobernadores mexiquenses surgió desde 1993, en el que se establecía que apenas pasara un día de dejar el poder el exmandatario tendría derecho a todos los beneficios.
La propuesta del grupo parlamentario del partido Morena colocó la abrogación o eliminación de los decretos 87 de la 36 Legislatura y el del Ejecutivo publicado en la Gaceta del Gobierno número 86.
