María Ruiz
Diversas colectivas feministas y defensoras de derechos humanos alzaron la voz ante la reciente denuncia de que Lidia Vargas Hernández, directora de la Instancia Municipal de la Mujer en Villa de Pozos, busca incorporar a su esposo en un puesto dentro de la administración pública a pesar de contar con antecedentes y una sentencia por violencia.
Las organizaciones consideran esta situación alarmante, pues contradice el principio de generar espacios seguros y libres de agresores para las mujeres.
A través de un pronunciamiento, las firmantes señalaron las pretensión de Vargas Hernández se darle un cargo público a su conyugue y señalaron:
“No podemos permitir que agresores ocupen espacios de poder. Esta situación no solo es alarmante sino que contradice los principios de protección y seguridad que deben regir estas instituciones. NO pueden ser refugio para violentadores”.
Recordaron que la funcionaria tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad y no violencia, con apego a la transparencia y legalidad de la administración pública.
Destacaron que esta obligación no es solo un compromiso moral, sino que está respaldada por tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, así como por normativas nacionales, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Las organizaciones exigen que se garantice un actuar conforme a los principios de derechos humanos y con perspectiva de género. Entre sus principales demandas está la aplicación de la reforma a la Constitución local que prohíbe que personas sentenciadas por delitos sexuales, violencia familiar o deudores alimentarios morosos ocupen cargos públicos.
También solicitan la implementación de protocolos claros y efectivos para la prevención, atención y sanción de la violencia de género en todas las instancias gubernamentales.
Otras exigencias incluyen la realización de auditorías y revisiones externas para garantizar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones dedicadas a la atención de las mujeres, la creación de mecanismos de participación ciudadana para vigilar el cumplimiento de políticas públicas con perspectiva de género y el fortalecimiento de la asignación de recursos para programas de prevención y atención de la violencia.
Además, insisten en la necesidad de asegurar espacios laborales libres de violencia y discriminación dentro de las dependencias gubernamentales.
El pronunciamiento está respaldado por diversas colectivas y defensoras de derechos humanos, entre ellas Colectiva Abogada Disruptiva, Organización para Chicas A.C., Colectiva Todes Trans S.L.P., Pedaleando SLP, Red Nacional de Juventudes Diversas A.C., Coordinación del Frente Nacional por las 40 horas en SLP, Apoyarte A.C. y Colectivo Aquelarre Valles.
También lo firman Mariana Juárez Moreno, Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, Yesica Yolanda Rangel Flores, Arely Torres Miranda, Fátima Patricia Hernández Alvizo, Silvia Gabriela Silva Olivares, María Isabel Medrano Vázquez y María de Lourdes Miranda Herrera, todas defensoras de derechos humanos.
Las firmantes aseguraron que permanecerán vigilantes para exigir transparencia, justicia y acciones contundentes que garanticen espacios libres de violencia en San Luis Potosí, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.
