A 27 años de la masacre en El Charco y 10 del asesinato del joven Antonio Vivar, familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones sociales exigieron justicia y castigo para los responsables de estos crímenes que siguen impunes.
Con actos conmemorativos, marchas y mensajes de protesta, mujeres viudas y sobrevivientes recordaron los hechos del 7 de junio de 1998 en la comunidad de El Charco, donde 10 indígenas y un estudiante fueron asesinados por militares. El mitin se llevó a cabo en la alameda de Chilpancingo, y más tarde, se realizó una misa y una ofrenda en la primaria donde ocurrió la matanza.
Los manifestantes pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum investigar a los mandos militares involucrados, como el general Alfredo Oropeza Garnica, y también al expresidente Ernesto Zedillo y al exgobernador Ángel Aguirre.
Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, denunció que el Ejército no solo ejecutó la masacre, sino que después acusaron a los sobrevivientes de terrorismo. Cinco de ellos han muerto sin recibir justicia ni reparación del daño.
Por otro lado, en Tlapa, se realizó un mitin para recordar a Antonio Vivar, estudiante asesinado el 7 de junio de 2015 durante una protesta en la que participaban organizaciones sociales. Fue alcanzado por una bala en un operativo encabezado por la entonces Policía Federal, bajo el mando de Enrique Galindo Cevallos.
A una década del crimen, sus familiares denuncian que no hay avances en la investigación y ningún policía ha sido procesado. Exigen que se reabra el caso y se castigue a los responsables.
Organizaciones como la OCSS recordaron que estos hechos forman parte de una larga lista de masacres cometidas por el Estado, como Aguas Blancas y Acteal, donde nunca se castigó a los culpables. “En México no se toca al Ejército ni con el pétalo de una rosa”, afirmaron.
