Familiares de las víctimas de Filiberto “N”, conocido como el multifeminicida de Tamuín, acudieron este miércoles al Juzgado de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado para exigir que se le imponga la pena máxima, luego de que se realizara la audiencia final de un proceso que se ha extendido por más de 12 años sin una sentencia definitiva.
Durante la manifestación, madres, padres y hermanos de las víctimas reclamaron justicia por los delitos de secuestro, abuso sexual y feminicidio cometidos entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín, donde al menos cuatro menores de edad y una mujer adulta fueron asesinadas. Los familiares señalaron que el paso del tiempo no ha disminuido el dolor ni la exigencia de castigo ejemplar.
Entre los testimonios, la madre de una de las niñas asesinadas expresó entre lágrimas que ha esperado más de una década para que el caso llegue a su fin y recalcó que ningún castigo podrá reparar el daño. La hermana de otra víctima afirmó que lo único que buscan es que el responsable pague por sus actos, mientras que el padre de una menor aseguró que, pese a su edad, continuará luchando para evitar que el acusado recupere su libertad.
Autoridades judiciales explicaron que, tras esta última audiencia, en los próximos días se definirá la fecha en la que se dará a conocer la sentencia, la cual podría sumar varias décadas de prisión debido a la gravedad y acumulación de los delitos imputados.
El caso de Filiberto “N” se remonta a 2014, cuando fue detenido por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Tras su captura, el sujeto confesó haber violado y asesinado a una mujer adulta y a cuatro menores de edad, proporcionando detalles sobre los lugares donde abandonó los cuerpos, información que fue utilizada como parte de las pruebas en su contra.
Las víctimas fueron identificadas como Rosa María Sánchez, Adriana Martínez Campuzano, Itzel Romany Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez. A pesar de la confesión y de los elementos presentados, el proceso legal no ha concluido con una sentencia firme tras más de una década.
Luego de su detención, Filiberto “N” fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social de Gómez Palacio, Durango, donde ha permanecido mientras el caso avanzaba lentamente en los tribunales.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, el delito de feminicidio se castiga con penas que van de 40 a 60 años de prisión, además de multas económicas que pueden superar los 700 mil pesos. Cuando las víctimas son niñas o adolescentes, la ley establece un aumento de hasta una cuarta parte de la pena, lo que abre la posibilidad de una condena aún mayor.
Las familias reiteraron que esperan que la resolución del caso marque un precedente y evite la impunidad en crímenes de violencia contra niñas y mujeres, subrayando que la justicia tardía también es una forma de injusticia.
