El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, intentó quitarse la vida mientras permanecía detenido por su implicación en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Según informaron las autoridades penitenciarias, agentes intervinieron a tiempo para evitar el suicidio, y el exfuncionario se encuentra en condición estable.
Kim está detenido en un centro de reclusión en Seúl tras ser arrestado oficialmente bajo cargos de abuso de poder y rebelión, delitos que podrían conllevar la pena de muerte. El Tribunal del Distrito Central de Seúl aprobó su detención al considerar la gravedad de las acusaciones y el riesgo de que destruya pruebas. Kim habría ordenado la implementación de la ley marcial y el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional para impedir una votación que anulara el decreto.
En un comunicado, el exministro asumió plena responsabilidad por sus acciones y solicitó indulgencia para los soldados implicados, alegando que solo cumplían órdenes.
Crisis política en Corea del Sur
El controvertido decreto de ley marcial, anulado después de seis horas, ha desatado una grave crisis política que pone en jaque la presidencia de Yoon Suk Yeol. La oposición, liderada por el Partido Demócrata, acusa al presidente de violar la Constitución y califica la medida como un intento de sofocar al parlamento, controlado por los liberales.
El sábado, Yoon logró evitar un juicio político gracias al boicot de legisladores oficialistas, pero la oposición ha prometido presentar una nueva moción esta semana. De ser acusado, los poderes presidenciales de Yoon quedarían suspendidos mientras el Tribunal Constitucional decide su destino. Esto podría culminar en su destitución y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.
Tensión interna y repercusiones internacionales
La crisis ha paralizado la política interna, generado incertidumbre en los mercados financieros y afectado la política exterior del país. Mientras tanto, Corea del Norte, a través de su agencia estatal de noticias, criticó a Yoon calificándolo de “traidor” y aprovechó la situación para destacar los disturbios en el sur, algo poco común en su propaganda.
El Ministerio de Justicia surcoreano ha prohibido a Yoon y a otros altos funcionarios salir del país mientras avanzan las investigaciones. A pesar de ello, el presidente ha evitado apariciones públicas significativas desde la anulación de la ley marcial, lo que ha incrementado las críticas hacia su liderazgo.
Analistas legales y políticos aseguran que la ley marcial decretada por Yoon era inconstitucional, al considerar que el uso de tropas para sellar la Asamblea Nacional y suspender actividades políticas constituye un acto de rebelión, prohibido por la Constitución. La situación plantea un incierto panorama político en Corea del Sur.
