El presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La propuesta busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asuma el control total sobre la expedición de permisos, licencias y registro de armas, funciones que anteriormente correspondían a la Secretaría de Gobernación (Segob). Asimismo, la Sedena será responsable de la fabricación y comercialización de armamento en el país.
La reforma se plantea como una medida frente al creciente tráfico ilegal de armas en México, un problema que ha potenciado la delincuencia organizada y el aumento de homicidios dolosos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2021, los homicidios con armas de fuego se incrementaron en un 93.96%, lo que subraya la necesidad de actualizar la normativa.
El proyecto también contempla sanciones más estrictas para delitos relacionados con armas, explosivos y sustancias químicas, que no están debidamente regulados en la ley actual. Además, se propone la designación de una persona responsable de las armas en caso de fallecimiento del titular, así como un periodo de 30 días para gestionar su destino final.
Entre otras disposiciones, la reforma regula calibres específicos como el .357 y el .22 Magnum, al considerar que su potencia balística representa un mayor peligro. También busca incluir a comunidades ejidales, comuneras y pueblos indígenas, permitiéndoles portar armas fuera de zonas urbanas para la protección de sus propiedades.
Además, se plantean nuevas regulaciones para deportistas de tiro, así como el control de armas de gas, aire comprimido y pistón, y se incluyen normas para la transportación de armamento. La reforma también prevé la regulación de campos de tiro y clubes de caza y tiro deportivo, además de sanciones más severas para la posesión ilegal de armas y otros delitos relacionados.
Finalmente, la propuesta también aborda la necesidad de regular el almacenamiento de explosivos y pirotecnia, prohibiendo el envío de armas y municiones a través de servicios postales y mensajerías, y actualiza los tipos penales con penas de hasta 30 años de prisión para delitos graves relacionados con armas de fuego.
