La “violencia de intencionalidad política” ha generado 1.004 muertes desde 1960 hasta la actualidad. Son en su mayoría (837) asesinatos perpetrados por ETA, pero los números incluyen 94 llevados a cabo por la violencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) y 73 asesinatos de grupos parapoliciales y extrema derecha. Las cifras están plasmadas en el Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, que el lehendakari, Iñigo Urkullu recibió ayer de la mano de cuatro personalidades. Es uno de los primeros pasos del plan de paz de Urkullu, cuyo borrador fue difundido el pasado martes.
Son cifras, clasificaciones, sin nombres de víctimas ni de sus asesinos, porque “los datos veraces informan, no pueden hacer daño”, defendió el lehendakari, aunque ese mismo hecho imposibilita realizar contrastes externos. El documento, de 14 páginas, es un trabajo previo para tratar de garantizar la “verdad, justicia y reparación” de las víctimas “sin equiparar ni discriminar”, como destacó Urkullu, realizado por un obispo emérito (Juan María Uriarte), una jurista (Manuela Carmena), un exdirector de Derechos Humanos (Jon Landa) y un exconcejal del PP (Ramón Múgica).
Uriarte aseguró que el documento está elaborado con “exquisita sensibilidad” y Urkullu pidió, en una comparecencia en la que no permitió preguntas, que los partidos observen el informe con una “mirada limpia y serena”. Pero los 94 asesinados por las fuerzas de seguridad, cuyo repliegue pidió el jueves el Parlamento con los votos del PNV y de EH Bildu, hicieron las veces de la sal que cae sobre una llaga, tanto de un extremo como de otro. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, respaldó a las FSE porque estas “actúan siempre en el marco de la ley” y, cuando no es así, añadió, “la justicia actúa”. La Confederación Española de Policía (CEP) acusó de insultar a los 150 compañeros asesinados por ETA. Desde el lado opuesto, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, aseguró que el informe parte de una “premisa falsa”, la del fin de la violencia de las FSE, porque “este país sigue sufriendo una violencia estructural por parte de Estado que no permite a la ciudadanía vasca decidir libremente su futuro”.
Las cifras esconden víctimas de Euskadi y de fuera de la comunidad autónoma separadas en dos etapas que van desde 1960 hasta la actualidad y catalogadas entre víctimas de ETA, de las fuerzas de seguridad y de grupos parapoliciales y de extrema derecha. Pero también incluye cuatro recomendaciones a las instituciones, la más importante la de crear “mecanismos específicos” para “paliar la penuria de datos y la abundancia de casos no investigados”, tanto de ETA como de las FSE y de los grupos parapoliciales, pero también para conocer la extensión de actividades como la extorsión.
Y es que el catálogo está salpicado de frases como “necesitan mayor contraste e investigación”, casos que suman 142 —aunque en un pie de página de la recopilación final el informe asegura que no se incluyen 201 casos con 77 muertos que necesitan mayor investigación—. De la cifra de 142 casos sin la suficiente investigación, casi seis de cada diez (83, el 58,4%) corresponden a las fuerzas de seguridad.
A estos habría que sumar los 314 asesinatos de ETA sin resolver, según cifras de la Fundación Víctimas del Terrorismo. El documento también recoge que, de las 73 muertes a manos de los grupos parapoliciales, solo se abrieron diligencias en la Audiencia Nacional sobre 33. Hoy 17 tienen una sentencia firme.
Entre las recomendaciones, una ya ha sido asumida por el Gobierno, que ha incluido en su plan de paz la elaboración de un informe sobre las torturas. Existen, según el presentado ayer, 5.500 denuncias y únicamente 19 sentencias relacionadas con 31 torturados y 62 agentes, de los que 27 fueron indultados. Asimismo pide analizar la legislación y buscar “omisiones y lagunas”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/14/paisvasco/1371202966_138149.html
