La reciente aprobación de la reforma constitucional que busca poner a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha generado inquietud entre expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ellos advierten que esta medida podría incrementar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, como torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Los especialistas señalaron que, de ser aprobada, esta reforma otorgaría funciones de seguridad pública de manera permanente a las Fuerzas Armadas. “Estamos alarmados por el potencial incremento en las desapariciones forzadas y la impunidad que podría derivarse de esta modificación”, afirmaron.
La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y se espera que el Senado la vote esta semana. Desde hace años, la ONU ha manifestado su preocupación por el creciente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de México, resultado de políticas y reformas legislativas.
“Entendemos los retos de seguridad que enfrenta el país, pero hacemos un llamado a que las medidas adoptadas respeten los compromisos internacionales en derechos humanos”, agregaron los expertos.
También expresaron su inquietud por los antecedentes de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de personal militar, enfatizando que estas denuncias deben ser investigadas y los responsables llevados ante la justicia.
La reforma, de ser aprobada, sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y permitiría que participen en actividades de investigación criminal. Esto ampliaría el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país más allá de sus funciones tradicionales.
“Si se aprueba, México estaría ignorando múltiples recomendaciones de organismos de la ONU que han señalado la necesidad de que las tareas de seguridad pública sean desempeñadas por fuerzas civiles, asegurando que la participación militar sea excepcional y bajo control civil”, destacaron.
Además, se debe restringir el uso de la jurisdicción militar para prevenir graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura y las desapariciones forzadas.
Los expertos sugieren que la Guardia Nacional debería seguir bajo el control de instituciones civiles, fortaleciendo sus capacidades dentro de un enfoque de seguridad ciudadana y mejorando los mecanismos de rendición de cuentas. También es fundamental promover un diálogo que considere un plan para la retirada gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública.
Finalmente, los expertos han manifestado su disposición para colaborar con el Gobierno en la protección de los derechos humanos y en la investigación de casos de desapariciones forzadas, conforme a las normas internacionales.
