José de Jesús Ortiz
El extitular de la Secretaría de Salud en el Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, recluido desde el 3 de mayo de 2022 en el Centro de Reinserción Social de La Pila, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue actos de “tortura psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por los hechos falsos y pruebas sembradas” en el proceso penal que se le sigue.
Denunció que “todas las autoridades del fuero común están sometidas al Gobierno del Estado” y solicitó a la CNDH que asuma sus competencias para que investigue su caso, se le brinde protección y se le considere un preso y perseguido político del gobierno estatal.
A través de una queja interpuesta ante la CNDH el pasado 18 de octubre, el extitular de Salud denunció diversas violaciones procesales y a los derechos humanos en el proceso penal en su contra por los delitos de uso abusivo de funciones y asociación delictuosa por su posible participación en una supuesta compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue, realizada en la época en que fue director de Salud Pública en el estado.
También denunció que el Juez de Control que ha llevado la causa penal hasta ahora, Javier Pérez Contreras, “lejos de ser un juez imparcial, ha trabajado en conjunto con los agentes de la Fiscalía General del Estado para negarme mi libertad y sostener mentiras irracionales”.
“Se ha violado de manera grave el derecho humano a la verdad, dado que me tienen encerrado con mentiras, pruebas falsas, sembradas, que me han desgastado física y mentalmente”, advirtió.
En ese sentido, sostuvo que en el proceso penal que se sigue y por el que se encuentra vinculada a proceso, se “está utilizando todo el poder del Estado de San Luis Potosí” para criminalizarlo y justificar, por parte de la administración estatal, el supuesto combate a la corrupción.
En el documento expuso que se ha utilizado “la investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación con los cuales me están vejando, maltratando y humillando, por lo que soy un perseguido político del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por mis ideales como exservidor público de cero corrupción, por haber sido un servidor público honesto, tan es así que, por el hecho por el cual me procesan soy el único que está en prisión preventiva y procesado desde el 9 de mayo de 2020 (sic), recayendo sobre mi persona todo el enojo del Gobierno del Estado actual, como símbolo falso de combate a la corrupción de gobiernos anteriores en los que ni han tocado al extitular del Estado, ni han tocado a otros exservidores públicos”.
Según la imputación de la Fiscalía General del Estado (FGE), el exfuncionario estatal participó (en coautoría) en la compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue realizada en abril de 2020 por los Servicios de Salud —con Mónica Rangel como titular de la dependencia—, en la cual había un acuerdo previo con directivos de la empresa de no recibir el producto y simular la compra, lo que generó una afectación al erario por más de 32 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, como director de Salud Pública en el Estado participó —junto a otros exfuncionarios estatales— en tres reuniones que hicieron posible que el 13 de abril de 2020 se realizara la compra simulada de 193 tambos de plaguicida a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México S.A, los cuales nunca se entregaron.
Hasta ahora, de los exfuncionarios de Salud que participaron en esas reuniones y en la compra simulada solamente Lutzow Steiner se encuentra bajo proceso penal, pese a que para la configuración del tipo penal de asociación delictuosa que se le imputa se requiere —según el Código Penal Federal— de la existencia de un grupo de tres o más personas que se reúnan de manera formal o no con el propósito de delinquir.
El Juez de Control que lleva la causa penal, Javier Pérez Contreras, reconoció incluso durante una audiencia judicial el pasado 25 de febrero, que no había un documento firmado por el imputado en que se demuestre su participación o autorización para la compra simulada del plaguicida.
Por ello y otras anomalías procesales es que se interpuso la queja ante la CNDH, en la que a lo largo de 35 páginas se documentan diversos hechos e incidentes registrados a lo largo del proceso.
Entre los hechos y anomalías en el proceso penal denunciadas, señala que las reuniones para la compra simulada del plaguicida no acreditan su participación en algún acto delictivo, además de que se basan en testimonios falsos:
“Dentro de la investigación y el proceso penal se acredita que el suscrito no firmó nada, ni autorizó nada, ni firmé el contrato de fecha 13 de abril de 2020, ni hice la transferencia del 17 de abril de 2020, solo dicen que estuve en una primera reunión de principios del mes de abril de 2020 y en una segunda reunión del 28 de mayo de 2020 en las que no hice nada, y en una última en la cual ni se me observa agarrar dinero, y ello es así en virtud de que el único testigo supuestamente presencial está mintiendo, al igual que los demás”.
También advierte que no se ha investigado la trazabilidad del dinero con el que se habría realizado el pago de los 32 millones de pesos por el plaguicida, y tampoco se tiene certeza de que ese dinero haya salido en efectivo de la dependencia de Salud.
Y agrega:
“Afirma la Fiscalía que los supuestos hechos y los supuestos delitos los cometí junto con otro particular, servidores públicos y exservidores públicos (…) pero soy el único que ha estado en prisión desde el 3 de mayo de 2022; no han tocado a la exsecretaria de Salud, Mónica Rangel”, ni a otros exservidores públicos.
Además, señaló que Daniel Acosta Díaz de León, quien fue titular de Salud hasta hace unas semanas y actualmente coordinador estatal del sistema IMSS-Bienestar, ha actuado de manera conjunta con el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, y agentes de esa dependencia “para inventar y seguir sosteniendo hechos falsos en mi contra y para proteger a exservidores públicos”.
Entre las anomalías procesales que documenta, expuso que el día de su detención (el 3 de mayo de 2022) fue presentado en una inusual audiencia nocturna, lo cual repercutió en que no fuera acompañado por su abogada particular y es una muestra “de dolo y mala fe por parte del Juez y de la Fiscalía”; además de que fue privado del derecho a una defensa técnica adecuada al no haber tenido acceso ni él ni su abogada a la carpeta de investigación para conocer las imputaciones en su contra y se le asignó una defensora de oficio que no conocía el caso, ni las acusaciones.
Reitera que se han fabricado pruebas falsas y testigos y se ha dilatado el proceso; además de que ha habido acoso, amenaza e intimidación a su familia, a los abogados que actualmente llevan su defensa y a él mismo.
En la página 11 denunció también una amenaza por parte de un supuesto funcionario federal:
“Acosó al que suscribe por parte de un supuesto funcionario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Recibí por parte del personal del penal un número de teléfono y la solicitud de realizar una llamada telefónica urgente a un funcionario de alto nivel en la mencionada dependencia, de nombre Mtro. Arturo Ortega Pallares, quien en la segunda llamada me presionó para otorgar un monto alto de dinero como la única alternativa viable para obtener la libertad, ya que de lo contrario sería enjuiciado y condenado a varios años de prisión a pesar de ser inocente”.
Por todo ello y otras anomalías registradas a lo largo del proceso penal, pidió a la CNDH su intervención y “medidas de protección urgentes para mi persona, mi familia y concubina, temo por mi vida derivado de esta queja”.
La queja fue interpuesta ante la CNDH por el despacho MLegal, que lleva la defensa jurídica del caso y en ella señala como responsables de la situación denunciada a diversos funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos a José Luis Ruiz Contreras, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE); a los agentes de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos Patrimoniales de la FGE, Mayté Reyes Martínez, Fernanda Enríquez y Sandra Lucero López; al vicefiscal Doroteo Paredes; a Daniel Acosta Díaz de León, extitular de Salud; además de Marco Gamba, Francisco Acuña y Patricia Gómez, quienes desempeñaron cargos directivos en los Servicios de Salud, durante el gobierno de Juan Manuel Carrera; a Jorge Fernando Lozano, apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México S.A, con la que se hizo la compra simulada del plaguicida, según de la denuncia de la FGE; y Javier Pérez Contreras, el Juez de Control que ha llevado el proceso penal en la fase de investigación.
Hasta el momento la queja no ha sido aún resuelta por la CNDH, solamente una visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue a visitar al exfuncionario estatal para constar que interpuso el documento.
