Fernanda Durán
Dos mujeres que laboraron en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) denunciaron ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y ante el Órgano Interno de Control al magistrado Claudio N., titular de la Sala Superior, por hostigamiento, acoso y abuso sexual, así como acoso laboral, abuso de poder y corrupción, sin embargo, la carpeta de investigación se encuentra “congelada” después de 11 meses.
Las denunciantes, quienes pidieron mantener el anonimato por seguridad, expusieron que tanto la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, como el Órgano Interno de Control del tribunal mantienen las carpetas “sin avances sustanciales”. “Ya lleva 11 meses ese proceso y todavía no ha avanzado, él sigue trabajando ahí”, comentó una de ellas.
Ambas presentaron las denuncias el 14 de febrero de este año “ante la Fiscalía y también ante el Órgano Interno de Control”, acompañadas de más de 200 pruebas, incluidas conversaciones, ubicaciones, documentos y registros internos. Aun así, expresaron que las autoridades “no quieren hacer caso a los protocolos”.
Describieron que el magistrado ejercía presiones laborales, conductas de naturaleza sexual y actos de coacción. Una de ellas recordó que Claudio N. “me pidió dinero, a cambio me subió de puesto y luego me pidió dinero al mes, 2 mil pesos quincenales”, y que al rechazarlo fue degradada y sometida a malos tratos. Su caso comenzó en abril de 2023; el de su compañera se extendió por nueve meses.
Ambas coincidieron en que enfrentaron conversaciones de índole sexual, insinuaciones, comentarios sobre su apariencia y actos que buscaban colocarlas en posiciones humillantes: “Era demasiado hostigamiento sexual”, expresó una de ellas.
Acusaciones previas y antecedentes ignorados
Aunque ahora son dos quienes denunciaron de manera simultánea, explicaron que no son los primeros casos dentro del Tribunal. Explicaron que tampoco es la primera ocasión en que se reportan conductas irregulares, pues existen denuncias laborales de años anteriores y registros de medidas de protección previas contra el mismo funcionario.
Pese a ello, Claudio N. se ha mantenido en posiciones de alto rango: primero como presidente del Tribunal y actualmente como magistrado de la Sala Superior. “Todo mundo sabe que él es así y es el único que es violento”, afirmaron.
Para ambas mujeres, la permanencia del funcionario responde, en parte, al respaldo político que él presume: “Se cree muy amigo del gobernador y por eso hace lo que quiere”, expresó una de las denunciantes, convencida de que esta percepción de protección ha frenado cualquier consecuencia interna durante años.
Señalamientos contra la magistrada presidenta del TEJA
Las denunciantes cuestionaron la actuación de la magistrada presidenta Olvido Rodríguez Vázquez al momento de su renuncia. Comentaron que, al presentar su renuncia, la magistrada manifestó disposición a apoyarlas institucionalmente, aunque en los hechos no se activaron mecanismos internos de protección ni acompañamiento.
Aseguraron que esta postura las decepcionó: “Pensamos que nos iba a apoyar y pues no”. A esto añadieron que la presidenta ya tenía conocimiento previo de su intención de denunciar, por lo que interpretan que existió comunicación interna previa al respecto.
A casi un año de haber presentado las denuncias, explicaron que las carpetas de investigación se encuentran integradas tanto en la Fiscalía como en el Órgano Interno de Control. Detallaron que entregaron más de 200 pruebas —entre documentos, registros de fechas, ubicaciones, material audiovisual y testimonios— que acreditan los hechos denunciados.
Pese a ello, ninguna de las instancias ha emitido resoluciones o actuaciones que impulsen el procedimiento, lo que para ellas confirma un estancamiento prolongado. “Todavía no avanza”, lamentaron.
Consideran que la falta de determinaciones, aun con expedientes completos, ha profundizado la incertidumbre e impedido que accedan a justicia.
Manifestación y despliegue policial para escoltar al magistrado
Las medidas de protección fueron otorgadas apenas la semana pasada. Ese mismo día, las denunciantes realizaron una manifestación pacífica en el Tribunal para exigir la resolución del caso. De acuerdo con su testimonio, el magistrado pidió presencia policial y “llegaron como ocho a escoltarlo”.
El video, grabado por su defensa, muestra la salida del magistrado entre elementos de la Guardia Civil, mientras las víctimas reclamaban que a ellas —quienes cuentan con medidas de protección— se les mantuvo fuera del edificio.
Describieron que fueron cinco mujeres y tres hombres quienes ingresaron al Tribunal como parte del despliegue inicial; una de las denunciantes reprochó que la reacción fue desproporcionada: “Fue súper manifestación pacífica no estábamos haciendo nada más que con cartulinas y exigiendo medidas de protección”.
Desde que iniciaron el proceso, aseguraron haber recibido llamadas de personas que dijeron representar al magistrado y que buscaban “arreglar las cosas”, también relataron un encuentro reciente con él en la Facultad de Derecho, donde “se paseó enfrente de nosotras como retándonos”.
Comentaron además que familiares y personal cercano al magistrado han intentado comunicarse con ellas para “ofrecer trabajo” o pedir que retiren las denuncias. Esta situación ha deteriorado su estabilidad laboral, ya que no han podido conseguir trabajo debido al caso, al grado de afirmar que “estamos bloqueadas”.
Denuncia cruzada y un sistema que no responde
Las denunciantes explicaron que, tras acudir a las autoridades, el magistrado presentó en su contra una denuncia por presunto robo de un expediente, algo que —según dijeron— él ya había advertido que podría hacer como represalia:
“Él mismo acepta los hechos en una grabación, acto de corrupción, yo quiero pensar que como nunca habían resuelto algo así, ni siquiera saben qué hacer con las pruebas, porque en realidad les dimos lugares, horas, fechas de donde estuvimos en los días que ejercía esa violencia, nos llevaba en su mismo carro, o sea nos sacaba de la oficina para obligarnos a ir a desayunar con él, para obligarnos a ir a acompañar los lugares”, señaló una de ellas.
A su juicio, el Órgano Interno de Control muestra incapacidad para resolver un caso que involucra a un alto funcionario: “Quiero pensar que como nunca habían resuelto algo así, ni siquiera saben qué hacer con las pruebas”.
Las denunciantes insistieron en que su objetivo al hacer público su testimonio es evitar que otras mujeres enfrenten lo mismo. “¿Quién es la siguiente? ¿A qué mujer le tiene que pasar para que ahora sí lo quiten?”, declararon.
Expresaron que el magistrado continúa hostigándolas y que el proceso sin resoluciones ha complicado su vida laboral y emocional: “Seguimos igual, ha estado impidiendo el que podamos trabajar, ha estado hostigando hasta la fecha”.
Las denunciantes añadieron que las consecuencias psicológicas han sido profundas. Ambas llevan más de un año en terapia semanal con atención psicológica y psiquiátrica, proceso documentado en el dictamen forense. “La psicóloga forense determinó el daño (…) llevamos más de un año de terapia”, expresaron. Consideran que el estancamiento institucional ha prolongado el desgaste emocional generado por los meses de hostigamiento.
