Estela Ambriz Delgado
San Luis Potosí inicia este 2026 con diversos problemas ambientales, que van desde la contaminación del aire, suelo, ecosistemas y cuerpos de agua, tráfico de especies de flora y fauna, y otros, entre los que destacan las injusticias socioambientales ligadas al extractivismo como el despojo del territorio y sobreexplotación del acuífero.
En entrevista, la doctora en criminología ambiental, Carla Monroy Ojeda, consideró que entre los diversos delitos ambientales que se presentan en la entidad, destacan las nuevas formas de extracción o producción del capitalismo mercenario, en donde las riquezas naturales se dejan a la deriva. Esto hace necesario que, para lograr que se haga justicia, se dé una correcta aplicación de la ley.
Indicó que para ello, además confluyen factores sociales, políticos, así como del sistema de justicia que propician este extractivismo y dejan sin protección suficiente a las comunidades y al entorno.
El crecimiento de la urbanización y desarrollos inmobiliarios han impactado tanto en el despojo de tierras ejidales y comunales; la destrucción vegetación, ecosistemas, y desplazamiento de fauna; así como en áreas de recarga del acuífero. Al pavimentar parte de estas zonas en las faldas de la Sierra de San Miguelito, se obstruye la infiltración del agua pluvial al manto freático y se rompe el ciclo natural de recarga.
La experta estimó que este es uno de los diversos aspectos que confluyen en el tema de la crisis hídrica que, si bien se ha agravado por el cambio climático, de igual forma el desarrollo urbano ha sido omiso a la necesidad de prever la reserva de dichas áreas para recarga y es un factor que incidirá de manera negativa, dada la sobreexplotación que se presenta desde hace décadas.
Dijo también que este ejemplo sirve para entender la precisión entre daños y delitos ambientales, pues al no estar bien regulado, no se constituye como un delito, pero sí es un daño porque habrá repercusión en el acuífero, por lo que se requiere voluntad política para regularlo y prever una situación de crisis hídrica más severa que finalmente toda la población padecerá.
En el caso de la sobreexplotación del acuífero Vanegas- Catorce, y la intención de particulares de instalar una empresa más de agroindustria, para lo que ya han iniciado con la perforación de un nuevo pozo, Monroy Ojeda indicó que esto podría ser observado como un delito ambiental, aunque no está constituido como tal, debido a las consecuencias que tendría.
En este caso, investigadores han alertado la gravedad de la disminución significativa en la humedad superficial de los suelos, un aumento progresivo en la salinidad y minerales, que se observa especialmente en las faldas orientales de la Sierra de Catorce.
Puntualizó que no se le puede dar prioridad a cuestiones extractivistas o industriales sobre las necesidades ambientales y sociales, puesto que en consecuencia esto derivaría en mayores complicaciones, por ejemplo, de salud pública, que inclusive impactarían en la seguridad nacional, lo que también es otro de los alcances de los delitos ambientales.
“Si no hay una regulación y una observancia de cómo se está dando uso y manejo de este recurso, ¿cómo va a impactar en la en la misma gobernanza? La gente se va a empezar a alterar y posiblemente movilizar de una manera no muy civilizada porque es natural, es decir, que va a empezar a ver otro tipo de consecuencias, por ejemplo, de salud pública”.
En este sentido apuntó que se observa un trato preferencial de las autoridades a la industria por encima de las necesidades ambientales, lo que lleva a cuestionar la función del Estado, pues lejos de velar por los intereses de su población y del territorio, se le da prioridad a unos particulares que además se favorecen de los recursos naturales.
Hizo mención también de que las prácticas extractivistas. como la minería a cielo abierto, implican un costo muy alto para la población, que no obtiene mejores ingresos, pues los altos salarios y las ganancias son para extranjeros, pero sí paga con su territorio y su salud.
Asimismo, sobre otros proyectos que han implicado tala y remoción vegetal sólo para trabajos de exploración, como la carretera de cuota Entronque 75-D Matehuala de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, y el mega proyecto extractivista que el empresario Ricardo Salinas Pliego pretendía en el ejido Corcovada, en Villa Hidalgo, apuntó que llama la atención que la criminalización de los defensores del territorio han sido una constante.
En el primer caso, pese a no contar con la autorización de los ejidos, la empresa removió vegetación en La Tapona, municipio de Villa Hidalgo y El Peyote en Guadalcázar. En Corcovada, las empresas CEMAT Construction e Inkazteca Drilling relizaron decenas de infracciones ambientales y kilómetros de remoción de planta, pues se hicieron caminos y removieron la tierra, además de zanjas para impedir el acceso de los locales y el tránsito de caminos.
Esto último fue denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que, a través de su personal, realizó la inspección y clausura de cada una de las afectaciones y esto tuvo gran peso en la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).
Estas acciones realizadas de manera ilegal están ligadas a efectos importantes de erosión del suelo, cambios en el ecosistema, destrucción de hábitats, interrupción de ciclos biogeoquímicos, y disminución de los servicios ecosistémicos que brindan las especies de flora. Cuando dicha cobertura es removida, el suelo queda expuesto a fuerzas erosivas como el viento y el agua.
Monroy Ojeda señaló que desafortunadamente estos casos no son la excepción, sino que son parte de las prácticas que se han observado en torno a este tipo de proyectos, donde termina habiendo una criminalización muy severa de los defensores de la tierra, a través del uso de la fuerza pública en muchas ocasiones.
La necesidad de justicia ambiental
En cuanto a los casos mencionados, así como otros daños ambientales, la investigadora considera que hace falta que la justicia no sea un privilegio, sino que sea realmente un derecho del cual toda la población pueda tener acceso.
Por ello apuntó hacia una aplicación más concreta y transparente de las leyes, acciones puntuales dentro de la política pública que permitan meter filtros de regularizaciones o de observación, para que estos eventos sean la excepción y no algo cotidiano; lo que implica darle social y jurídicamente el peso que le corresponde al tema ambiental.
Asimismo, estimó que es viable la defensa de recursos naturales como los acuíferos y ríos como sujetos de derecho, lo que se ha planteado para el acuífero Vanegas- Catorce y ya se implementa en un amparo para el río Calabacillas en la comunidad de San Marcos Carmona en el municipio Mexquitc de Carmona, pues es parte de las actuales tendencias del tránsito del antropocentrismo a un biocentrismo, en el que se entiende que la humanidad forma parte de un sistema y no que los recursos estén a su disposición.
En este sentido comentó que en otros países como Ecuador, desde el año 2008 ya está constitucionalmente introducida esta protección de los recursos naturales como sujeto de derecho, no como objeto.
“Hay algunos trabajos que mencionan precisamente al río como ente, es decir, ya este sujeto de derecho bajo una nueva concepción de entender qué es derecho y qué es obligación. Entonces, el sujeto de derechos merece ser cuidado por el mismo Estado, por el bien en sí mismo que es y además del bien que nos representa a todos los demás”.
Consideró que, así como estos ejercicios se pueden aplicar para la defensa de cuerpos de agua, también puede defenderse algún otro territorio ya con instrumentos jurídicos más claros que puedan proteger a la colectividad como víctimas ante acciones que afecten su territorio y el medio ambiente, y con base en ello trazar una argumentación y un camino.
La experta añadió que también es importante el tema de reparación del daño que, si bien en cuestiones ambientales es complicado al implicar la reparación de una afectación transgeneracional y transespecie, es decir, que afecta a las personas y a las especies de flora y fauna vinculadas, es necesario para que haya una verdadera justicia.
Subrayó que no se trata sólo de pagar una multa económica, pues reparar implica una serie de acciones y seguimiento a las mismas para que vuelva al estado previo al daño en que se encontraba, por lo que es un punto muy importante que también es necesario sea revisado y fortalecido para poder hablar de justicia.
