La incertidumbre rodea el proceso de reubicación de alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica Número 1 (ETI), tras el anuncio de que sus instalaciones serán destinadas a la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Los maestros, el personal administrativo y los padres de familia denuncian la falta de claridad en las opciones ofrecidas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
Aunque el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó instituciones como la Secundaria Ciriaco Cruz, Jaime Torres Bodet, Potosinos Ilustres y Moisés S. Jiménez como posibles destinos, estas escuelas ya enfrentan problemas de saturación, con aulas que albergan entre 50 y 60 alumnos. Según Enrique Silva, maestro de la ETI, las alternativas planteadas no resuelven las preocupaciones del personal docente, que considera que el proceso no está siendo manejado de manera adecuada.
Padres de familia como la señora Martha han expresado su descontento por la falta de transparencia en la recopilación de información personal de los estudiantes a través de medios no oficiales, como WhatsApp, sin que se les haya proporcionado una lista clara de las posibles escuelas a las que podrían ser enviados. Para muchos, el prestigio de la ETI, construido a lo largo de años, está en riesgo debido a estas decisiones apresuradas.
En una reunión reciente entre los docentes y el secretario de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, se discutieron los problemas que genera la saturación de las escuelas propuestas. Además, se señaló que, aunque la SEGE asegura que existen más de 2,500 plazas docentes sin justificar, las escuelas han operado con plantillas incompletas durante años. Para los maestros, resulta incoherente que ahora se hable de plazas sobrantes.
El personal docente también ha manifestado preocupación por la incertidumbre laboral. Aunque se les prometió que el proceso no afectaría sus zonas de trabajo, aún no se ha definido un plan claro ni se les ha permitido dar su consentimiento. Para algunos, el proceso parece estar más politizado que enfocado en las necesidades educativas reales.
Mientras tanto, la comunidad educativa exige soluciones más equitativas que consideren las capacidades reales de las escuelas receptoras y respeten los derechos laborales de los docentes. Asimismo, se cuestiona el impacto a largo plazo de estas decisiones en la dinámica educativa y laboral de la ETI. Los padres de familia han dejado claro que su intención es evitar la reubicación, pues consideran que el traslado afectaría no solo la calidad educativa, sino también el entorno comunitario construido alrededor de esta emblemática institución.
