Fernanda Durán
La decisión reciente de retirar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de Matehuala, Tamazunchale y Tamuín ha suscitado una ola de críticas y despertado dudas en torno a esta decisión, por lo que Claudia Espinosa Almaguer, abogada y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ha cuestionado la transparencia y la efectividad del mecanismo que condujo al levantamiento de la alerta.
Espinosa Almaguer ha señalado que la resolución para retirar la alerta carece de justificación objetiva y que los documentos disponibles muestran deficiencias significativas en la evaluación, así como una falta de claridad sobre quién tomó la decisión final —ya sea el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Trabajo (GIM) o Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) de manera unilateral— lo que genera incertidumbre sobre la validez del proceso.
“Sería el GIM de San Luis Potosí quien tendría que informar si fue una decisión impuesta por la Conavim, o si ellas tienen la convicción de que efectivamente tienen elementos para decir que la de la violencia feminicida en estos municipios, ya no está”.
De acuerdo con Espinosa Almaguer, el proceso no refleja una evaluación adecuada de las condiciones en estos municipios. A pesar de que la Conavim y otras instituciones realizaron reuniones y revisaron informes, la evidencia presentada por los municipios fue deficiente, por ejemplo, las pruebas documentales como las fotografías entregadas por Matehuala en algunos reportes, carecen de detalles esenciales sobre el impacto y la efectividad de las medidas implementadas.
“En el último dictamen de Matehuala, envió información, pero la evidencia eran fotografías que no reportaron mecanismos efectivos para implementación y seguimiento de órdenes de protección, no se informó de las campañas para el cambio cultural y educativo de la no violencia contra las mujeres, no se informó de dónde, en qué zonas están las patrullas que las tienen que poner en zonas donde se advierta que haya mayor riesgo para las mujeres y eso no se prueba. Tamazunchale, por ejemplo, no envió datos cuantificables sobre medidas de seguridad, no envió evidencia de capacitación a la policía ni se supo de qué naturaleza eran los mensajes de cero tolerancia a la violencia, ni siquiera si estaban, por ejemplo, en esta garantía que tiene que haber en los pueblos indígenas de hacer la información de las campañas en su idioma”.
Además, destacó que conforme a los últimos reportes dados, se puede identificar que en las últimas reuniones dejaron de citar a especialistas feministas y abogadas, y solamente se reunieron instituciones.
Detalló que en la reunión trigésima sexta de abril de 2024 estuvo la Conavim, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), la abogada Fátima Hernández Alvizo, la especialista Alejandra Silva Carreras y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la representación de Julia Moreno Díaz, así como la Secretaría Técnica del Consejo, pero en la última sesión que está publicada, la número 38, solamente aparecen las instituciones mencionadas y la Secretaría General de Gobierno, “aquí no aparecen ya ni especialistas ni académicas ni nada”.
Espinosa Almaguer también criticó la falta de seguimiento físico por parte del grupo de trabajo, ya que las evaluaciones se realizaron en gran medida de forma remota, por lo que esta ausencia de contacto directo podría haber limitado la efectividad de la supervisión y evaluación de las acciones implementadas en estos municipios.
La abogada señaló que, a pesar de la disminución de casos de feminicidio reportados, persisten otras formas de violencia de género en la región. Aunado a ello, sugiere que la AVG no debería haberse levantado sin una evaluación exhaustiva y continua de la situación en estos municipios, especialmente en áreas con alta vulnerabilidad como comunidades indígenas y zonas con presencia de narcotráfico.
Con la reciente decisión, la especialista cuestiona la efectividad y el compromiso de las instituciones y funcionarias involucradas en la protección de los derechos de las mujeres, pues si se hubiera dado realmente un análisis profundo, habrían sumado al municipio de Rioverde a la AVG debido a que en los últimos años ha presentado una alarmante situación de violencia contra las mujeres.
Inclusive la CEDH debería preparar una propuesta para pedir una segunda alerta porque en San Luis Potosí no se ha legislado sobre el aborto por omisión del Congreso del Estado, porque no se garantiza el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales reproductivos.
“O el propio el grupo de trabajo y tendría que haber analizado esto de manera objetiva, es decir, ¿se participa en el grupo de trabajo porque me importan las mujeres? o ¿porque me importa la institución para la cual yo laboro? Que es lo primordial de la discusión de este grupo de trabajo, porque allí había feministas, entre ellas a la propia directora del IMES”.
Espinosa Almaguer concluyó que el retiro de la Alerta podría haber sido una decisión más política que técnica, afectando la visibilidad y la protección de las mujeres en San Luis Potosí y potencialmente estableciendo un precedente preocupante para la gestión de futuras alertas de género.
“Nunca les gustó a ninguna entidad federativa tener declaratoria de alerta, por eso el mecanismo tardó tantos años en darse. La ley general tiene la alerta disponible desde 2007 y no fue sino hasta creo 2011, 2015, cuando al Estado de México le declaran la alerta; es la primera del país, o sea, a ningún gobernador a ningún espacio a ningún poder ejecutivo, le gusta que le declare una una alerta. Porque es un reconocimiento político desde un espacio de impunidad para con más de la mitad de la población que representamos las mujeres”.
En este sentido, agregó que comenzar a retirar la alerta da paso al inicio de la invisibilización nuevamente de la violencia feminicida, en un contexto en el que se recibirá a la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, y a una secretaria de Gobernación que además es potosina.
“Tendrían algo que opinar. Esta promesa política de que el ser mujer implica un cambio para el resto, de que si una mujer ocupa un espacio de poder implica un espacio para el resto, pues esto es un buen ejemplo que tendríamos que saber qué es lo que están pensando o cómo viene el siguiente gobierno de cara a la respuesta que ven en las declaratorias de alerta a nivel nacional, no solamente esto por lo cual desafortunadamente está empezando nuestro estado”.
Por otra parte, reprochó que la CEDH, solicitante inicial de la alerta y participante en las ultimas mesas de trabajo, no ha proporcionado información clara a su consejo sobre su participación en el proceso de retiro de la AVG, lo que aumenta las dudas sobre la transparencia y efectividad del mecanismo de alerta en la protección de los derechos de las mujeres en San Luis Potosí. Esperan que en los próximos días la comisión brinde detalles al consejo, tanto de su participación como de las decisiones tomadas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Trabajo.
“Yo no recibí información de qué era lo que se estaba decidiendo, no sé quién lo decidió, no sé si el grupo de trabajo es quien decide retirar estos municipios o si es solamente Conavim o si son los dos a través de una metodología de votación. No tengo claro qué pasó ahí (…), es una decisión que no tiene ninguna prueba como para que fuese tomada”.
