María Ruiz
En el marco del Día Internacional de la Muerte Gestacional y Neonatal, una familia de San Luis Potosí ha decidido alzar la voz tras vivir una tragedia que, aseguran, fue producto de negligencias médicas en tres hospitales: uno privado y dos públicos.
Ximena Olivares y Humberto López relataron cómo acudieron al Hospital Médico Mar Charbel el 14 de julio de 2024 con la esperanza de tener un parto natural. La pareja había seguido durante nueve meses la supervisión del ginecólogo Teodoro Reina, quien les aseguró que el embarazo marchaba bien. Sin embargo, las complicaciones surgieron la madrugada en que Ximena empezó a sentir contracciones.
Según su relato, tras ingresar al hospital alrededor de las 5:00 de la mañana, Ximena fue atendida y trasladada a la sala de parto. En ese momento comenzó lo que describen como una cadena de negligencias.
Tras múltiples dosis de anestesia y la ausencia prolongada del ginecólogo, fue sometida a la maniobra de Kristeller, una práctica que consiste en ejercer presión sobre el abdomen de la madre para facilitar el parto, pero sin haber sido informada ni consultada. Minutos después, su bebé nació sin signos vitales y sin la presencia de un pediatra o neonatólogo.
“Mi hijo nació asfixiado, con un color negro en su piel, y no había nadie para recibirlo”, lamenta Ximena.
A pesar de los esfuerzos tardíos del personal, el bebé no pudo ser reanimado de inmediato, y finalmente falleció tras 11 días en terapia intensiva, afectado por daños cerebrales y multiorgánicos.
Además del Hospital Mar Charbel, la familia denuncia que tanto el Hospital del Niño y la Mujer como la Clínica N° 1 del IMSS en Zapata les negaron atención o solicitaron sumas exorbitantes para tratar a su hijo.
Según Ximena y Humberto, las llamadas de médicos del Hospital Mar Charbel bloquearon el acceso a otros centros, lo que impidió que su bebé recibiera el tratamiento de hipotermia necesario para salvar su vida.
La familia exige justicia y que su caso no quede impune. Han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y piden la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
“No queremos que nuestro hijo sea solo un número más”, expresaron, además de hacer un llamado a otras familias que han sufrido situaciones similares a que no permanezcan en silencio.
