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Familiares de las 16 personas reportadas como desaparecidas en Chilapa emplazaron al gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, para que a más tardar en 48 horas presente avances concretos respecto a la investigación que se realiza para dar con el paradero de sus hijos, hermanos y esposos.
A dos semanas de la irrupción de por lo menos 300 hombres armados, el jefe del Poder Ejecutivo local se reunió con las familias de quienes del 9 al 14 de mayo fueron privados de la libertad por hombres embozados, armados con pistolas, escopetas y hasta rifles de asalto.
¿Por qué hasta ahora? Fue el primer reproche que los habitantes de la cabecera y pueblos aledaños le dirigieron.
¿Qué estaba haciendo usted mientras aquí nos golpeaban, amenazaban, humillaban y lo peor; se llevaban a nuestros hijos?
Cuestionaron al gobernador sobre la razón por la que se sentó a negociar con representantes de policías comunitarios de dudosa procedencia, pues nunca mostraron credenciales que los acreditaran como tales.
Y ya que se sentó a negociar con ellos, le recriminaron que haya omitido solicitar la liberación de los detenidos.
Metidos en la ruta del reclamo, los afectados solicitaron que se investiguen las omisiones en que incurrieron elementos de la Gendarmería Nacional y de la Fuerza Estatal (FE), pues aseguran que muchos de los levantones se realizaron frente a los puntos en que estaban posicionados, sin embargo no hicieron nada para evitarlo.
Gabinete de seguridad en Chilapa
El gobernador no llegó solo a Chilapa, lo acompañó su gabinete de seguridad integrado por el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, el secretario de Seguridad Pública (SSP) Pedro Almazán Cervantes y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Miguel Ángel Godínez Muñoz.
También estuvo el secretario de Educación, Salvador Martínez Della Rocca, el titular de Desarrollo Rural, Rigoberto Acosta González y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) Ramón Navarrete Magdaleno.
Aunque se habían hecho públicas las diferencias que sostenían, este domingo se miró al presidente municipal Francisco Javier García junto al Gobernador Ortega.
Desde el arranque del encuentro, Rogelio Ortega propuso integrar una comisión de seguimiento para encauzar las inquietudes de los padres y hermanos interesados en el asunto, pero los agraviados se limitaron a dar un plazo de 48 horas para que sus seres queridos sean presentados con vida.
No dijeron que, pero señalaron que vencido ese plazo tomarán decisiones con la intención de forzar la búsqueda de sus seres queridos.
Incluso, deslizaron la posibilidad de recurrir a “otras personas” si las autoridades se declaraban incompetentes.
Al encuentro con el gobernador acudieron los familiares de Jorge Jaimes Abarca, Carlos Emmanuel Mesa Nava, Daniel Velázquez Romero, Juan Carreto Cuevas, Sergio Derramona Abarca, Miguel Carreto Cuevas, Alejandro Nava Reyes, Víctor Carreto Cuevas, Jorge Luis Salmerón Hernández, Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, Justino Carreto González y Samuel Carreto Vázquez.
Había más quejosos, pero por amenazas varios declinaron llegar a plantear su denuncia.
Emplazamiento de 48 horas
“Nosotros queremos que este asunto se atienda cuanto antes, porque no van a venir aquí a desaparecer gente a cada rato; hoy fueron mis tres hijos (Juan, Víctor y Miguel Carreto Cuevas), pero después pueden ser los de otras personas”, señaló Bernardo Carreto González, uno de los padres afectados.
Reprochó la presencia del gobernador en la ciudad dos semanas después de la incursión, luego señaló que el ex policía preventivo, Constantino Chino García fue uno los que coordinaron la supuesta búsqueda de integrantes del grupo delictivo Los Rojos.
“Yo estoy dispuesto a llegar hasta el final; ya perdí lo que más quería que son mis hijos. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelvan nuestra situación”, advirtió.
Otro jefe de familia reprochó como los supuestos comunitarios se instalaron frente a la Gendarmería Nacional y la Policía del Estado, lo que dejó en tela de juicio el desempeño de las corporaciones.
“Esos hombres se fueron, pero nos salta la duda de los arreglos a que llegaron y ¿por qué no entregaron a nuestros hijos? Insistió uno más”.
José Díaz Navarro, quien en los hechos ha fungido como vocero de las familias afectadas por los hechos suscitados durante la semana de ocupación, manifestó que la población de Chilapa está muy agraviada por la actuación de la Gendarmería y la Policía del Estado.
El gobernador Ortega Martínez prometió que se revisarían las posibles omisiones cometidas, de tal suerte que si había conductas sancionables con base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no tendría ningún problema en solicitar la aplicación de la norma.
Negó tener acuerdos que vulneren la legitimidad del gobierno, pero recordó que del lado de las comunidades también hay desaparecidos, pues el comisario Apolonio Jiménez Villanueva le mostró una lista de por lo menos 30 casos.
“No podemos negar que el crimen organizado penetró el tejido social”, refirió el mandatario.
Recordó que antes de la incursión del 9 hubo una confrontación muy grave entre grupos delictivos, lo que propició la intervención de las Fuerzas Especiales (FE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que perdió dos elementos en una emboscada.
Pidió el voto de confianza para reconocer la crisis de seguridad que vive la ciudad, aunque anticipó que el trabajo no es sencillo.
Desconfiados y dolidos, los familiares aceptaron el ofrecimiento del gobernador pero reiteraron su ultimátum de 48 para tener resultados concretos.
“Si no hay nada, nosotros veremos a que personas buscar para garantizarnos resultados, porque ya no aguantamos el dolor de no tener a nuestros hijos”.
“Aquí tenemos otro Chilapa”, sostuvo José Díaz.
El gobernador Rogelio Ortega insistió en el voto de confianza, presentó como logro el acuerdo de que los civiles armados se retiraran de Chilapa.
Los padres le reviraron: “No debieron dejarlos ir sin antes entregarnos a nuestros hijos”.
Fuente: Milenio
