En una audiencia larga, tensa y marcada por episodios inusuales, las familias de dos jóvenes lesionadas durante el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en Plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados luego de aceptar acuerdos reparatorios que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
Los montos fueron cubiertos en la propia audiencia, lo que permitió cerrar el proceso para las jóvenes identificadas como A y R, quienes acudieron acompañadas de sus madres. Sin embargo, la decisión generó molestia entre otras familias afectadas, que reiteraron que su objetivo no es obtener dinero, sino que se imponga justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó profundamente el acuerdo.
“Ese es el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia y quede un antecedente que evite que algo así vuelva a ocurrir”, expresó.
Defensa abandona la sala
La audiencia dio un giro caótico cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por Marco Polo Méndez, abandonaron la sala de juicios orales mientras aún se desarrollaban las intervenciones de las demás partes. Los litigantes representan a los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.
El retiro repentino fue calificado por las familias como una maniobra de presión y una falta total de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de maniobras impropias. No se vale dejar a los propios representados botados en plena sala. Es un acto de rebeldía que demuestra cero compromiso con la verdad”, señaló Infante.
Aunque los acuerdos permitieron cerrar los casos de Andrea Reyna, quien recibió 150 mil pesos, y de Renata Portillo, quien era menor de edad al momento del accidente y obtuvo 250 mil pesos, otras víctimas ratificaron que no aceptarán salidas alternas ni juicios abreviados, mecanismos a los que la defensa busca acogerse desde meses atrás.
¿Qué pasó en el caso Rich?
El 7 de junio de 2024, un barandal del tercer nivel del antro Rich colapsó debido al sobrecupo en el establecimiento. La caída provocó la muerte de dos jóvenes y dejó más de diez lesionados.
Posteriormente se confirmó que el lugar operaba sin permisos completos y carecía de las medidas básicas de seguridad exigidas por Protección Civil.
La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a tres personas por homicidio culposo y lesiones culposas.
A pesar de los acuerdos de dos familias, quienes continúan en el proceso reiteran que llevarán el caso hasta una sentencia, en busca de un precedente que obligue a establecimientos y autoridades a garantizar condiciones reales de seguridad.
Con la etapa intermedia aún en desarrollo y una defensa señalada por tácticas dilatorias, el Caso Rich sigue abierto, cargado de indignación social y con un reclamo persistente desde el día de la tragedia: que haya justicia y que ninguna negligencia vuelva a costar una vida.
