Integrantes de colectivos de víctimas de desapariciones en México acudirán a Ginebra para participar en la evaluación del país ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, buscando evidenciar la falta de cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, desaparecido en 2007 en Coahuila, consideró que la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas debe verse como una oportunidad para que el Estado mexicano presente un plan integral con recursos humanos, financieros y materiales que detenga las desapariciones y garantice la atención de esta grave problemática.
“Vamos a Ginebra para explicar de viva voz que México no ha cumplido con las recomendaciones que le hicieron. Esta es una gran oportunidad para que las familias podamos buscar soluciones a la crisis que vivimos”, expresó García.
El Estado mexicano debía entregar el 18 de septiembre un informe solicitado por el Comité, mientras que las familias presentaron un informe paralelo que refleja la situación real de las desapariciones en el país. Entre los asistentes se encuentran miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), así como representantes de organizaciones de derechos humanos, incluyendo al director de Consultora Solidaria, Michael W. Chamberlin, y María Luisa Lazarín Sierra, madre de Israel Torres, desaparecido en 2009.
García destacó que el Comité de la ONU no busca confrontar al país, sino apoyar medidas que permitan localizar a más de 133 mil personas desaparecidas y evitar que este delito continúe de forma generalizada. Según cifras oficiales, existen más de 72 mil cuerpos sin identificar y solo 373 condenas por desapariciones forzadas entre 2017 y enero de 2025, reflejando la impunidad sistemática que persiste en México.
El Comité ha emitido 773 alertas urgentes por casos en los que las autoridades no han realizado investigaciones efectivas, entre ellos el de la niña hondureña Sofía Caballero y otros como Pablo Jared Vallejo Adame y Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez.
A pesar de la creación de leyes e instituciones para atender el problema, las familias subrayan que faltan recursos humanos y financieros suficientes para enfrentar la impunidad. “Los resultados son insuficientes. El Estado debe presentar propuestas concretas que ataquen de raíz las causas de las desapariciones”, concluyó García.
