Angélica Campillo
Integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) reconocer el interés jurídico respecto a la denuncia en contra del ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, por enriquecimiento ilícito.
Hace aproximadamente tres meses, a los denunciantes se les negó el acceso al expediente de la denuncia en contra de Gallardo Juárez, la cual fue presentada desde el 23 de febrero de 2018, debido a que el ex alcalde, a través de su defensa, presionó para que se desconociera el derecho de los mismos.
Debido al bloqueo al expediente, los integrantes del FCA, a través de Manuel Nava Calvillo, presentaron este 30 de julio un documento ante la Fiscalía en el que manifiestan el interés jurídico, es decir, el derecho que tienen para interponer su denuncia, en este caso contra a Gallardo Juárez.
Los denunciantes señalaron que con el mencionado escrito esperan que el Ministerio Público acuerde reconocer nuevamente el interés jurídico que los asiste, por los argumentos presentados, como una forma de corregir la violación a sus derechos humanos.
Los integrantes de FCA refirieron que lo que buscan al tener acceso al expediente de la denuncia en contra de Ricardo Gallardo Juárez es presionar para que el caso se consigne ante un juez.
En el documento se expone que el artículo 340 del Código Penal vigente en el Estado de San Luis Potosí, prevé el delito de enriquecimiento ilícito, cuando el servidor público no pueda acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o respecto de los cuales se conduzca como dueño, y es precisamente por ello que están denunciando al ex alcalde de la capital potosina.
Asimismo se señala que el bien jurídico tutelado es el patrimonio público, la confianza pública, el actuar probo dentro del servicio público y el aseo en el servicio público.
Se manifiesta que con la tipificación del enriquecimiento ilícito el servidor público debe de utilizar la función pública como un medio para la satisfacción de las necesidades sociales, y no para servirse de ella como un instrumento para incrementar su patrimonio, ya que con ello se ofende a todos los gobernados sujetos al actuar, en este caso a cualquier ciudadano de la capital potosina, quien está en todo su derecho de solicitar que se investiguen hechos cometidos durante la gestión de Ricardo Gallardo Juárez, que se desempeñó como presidente municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el periodo 2015-2018.