El Gobierno federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), revisará la aplicación de los impuestos ambientales que impusieron los gobiernos estatales.
A pregunta expresa durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitaría a la dependencia encabezada por Alicia Bárcena, que revisara el tema del cobro de estos impuestos “verdes”.
“Hay que ver en qué estados hay estos impuestos, cómo es que se cobran, qué dice la ley de ingresos o cuál es la ley que establece en cada uno de los estados la condición para cobrar este impuesto y a dónde se dirige”, detalló la presidenta Sheinbaum.
De acuerdo con algunos reportes, serían 12 los estados del país que actualmente cobran impuestos ambientales, por los que en el 2024 habrían recaudado alrededor de 3 mil millones de pesos, pero sólo en un caso, Guanajuato, los recursos están etiquetados para reparar el posible impacto ambiental.
“Normalmente cuando hay un impuesto etiquetado a un daño ambiental tiene que regresarse el recurso recaudado para remediar un daño o para evitar que haya más contaminación, habría que ver cada caso en específico”, agregó la mandataria federal.
Querétaro, Yucatán, Nuevo León y Estado de México son algunas de las entidades en las que ya se aplica este tipo de cobros. Recientemente, San Luis Potosí se sumó a este listado que contempla recaudación por impuestos ambientales.
Los impuestos “verdes” estatales, de acuerdo con expertos, incrementan la tributación que ya se realiza a nivel federal, como es el caso del impuesto a los combustibles por su contenido de carbono (IEPS), vigente desde 2014, y el Sistema de Comercio de Emisiones para instalaciones que emiten más de 100 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales.
Especialistas han alertado que este tipo de impuestos, contemplados en esferas ya reguladas por la federación, restan competitividad a la industria local, debido a un incremento de flujos comerciales provenientes desde estados o regiones con instrumentos de precio más laxos o inexistentes, lo que incentiva el traslado de la producción fuera del lugar de origen para reducir costos relacionados con la política de carbono.
