La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en el operativo llamado “Rápido y Furioso”.
La FGR informó este domingo que obtuvo dichas órdenes de un Juez de Distrito. “Esta conducta criminal tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible”, señaló la dependencia en un comunicado.
Tanto el “Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, como García Luna, se encuentran encarcelados en Estados Unidos. El primero, cumpliendo una sentencia de cadena perpetua; el segundo, a la espera de su juicio, acusado por tráfico de drogas. Cárdenas Palomino, por su parte, se encuentra preso en el penal del Altiplano de tortura.
La Fiscalía explicó que, de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.
“Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, señaló la FGR.
En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México.
“En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín ‘G’ quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas”, dijeron sobre Guzmán Loera.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro “G”, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Calderón (2006-2012); así como de Luis “C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
“Por lo que toca a Genaro ‘G’, existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo”, agregó la FGR.
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Ante ello, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido una política para actuar contra el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.
El Canciller Marcelo Ebrard dijo el pasado 21 de diciembre de 2021 que el Gobierno mexicano ganará la demanda que interpuso contra 11 empresas que fabrican y venden armas en Estados Unidos.
En conferencia de prensa matutina, el funcionario recordó que en el litigio presentado el pasado 4 de agosto, el cual fue admitido por la Corte de Massachussets, en Estados Unidos, México acusa a las empresas de negligencia por facilitar el tráfico de armas y detonar así la violencia en el país.
“México demandó que las prácticas en fabricación, distribución, publicidad, y venta de estas empresas favorecen el tráfico y uso de armas en nuestro país vinculado a la violencia”, comentó.
“Entonces las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, un concepto que se utiliza en la ley norteamericana y que fue admitida por la Corte”, añadió.
Además, señaló que la disponibilidad de armas en México es en un 70 por ciento origen de Estados Unidos, por lo que advirtió que si no se logra reducir la disponibilidad, será difícil reducir la violencia en el país.
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