La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una orden para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue la información financiera de empresas y personas vinculadas a Caja Libertad.
De acuerdo con información de medios nacionales, la Fiscalía solicitó informes bancarios del abogado Juan Collado –quien se encuentra preso–; de José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad, así como de Tania Patricia García Ortega, José Antonio Vargas Hernández y Roberto Isaac Rodríguez Gálvez.
La solicitud también incluye que se dé información sobre la Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.
La información solicitada comprende los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento financiero, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.
El empresario inmobiliario, Sergio Hugo Bustamante, que presentó la denuncia que provocó la detención del litigante expuso ante un juez que “los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién”.
Lo cierto, hasta ahora, es que la empresa fue una puerta giratoria veloz. Desde marzo, el ex presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé -el mismo que ordenó su inspección en 2014-, forma parte del Consejo de Administración. Su nombre aparece en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNBV supo de los malos números de Libertad Servicios Financieros, antes llamada “Caja Libertad“, en cuya presidencia estaba el abogado Juan Collado Mocelo, hoy preso en el Reclusorio Preventivo Norte, acusado de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pero las autoridades no la reconvinieron, ni pusieron mayor cuidado en sus operaciones. Por el contrario, el registro de la concesión indefinida que le fue otorgada en 2008, en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, fue actualizado en 2016 en el Portal de Obligaciones y Transparencia, cuando Jaime González Aguadé era presidente de la CNBV y Luis Videgaray Caso era Secretario de Hacienda y Crédito Público.
En 2013, se le señaló por operaciones sospechosas con la empresa Oceanografía, firma que defraudó a Citigroup-Banamex por 400 millones de dólares. Un año después, tuvo una visita de inspección especial por parte de la CNBV debido a un reporte sobre la mala utilización del dinero de sus ahorradores. En los dos casos, las autoridades determinaron que Libertad Servicios Financieros no estaba contaminada de ningún ilícito y podía continuar con sus operaciones.
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