Inés Gómez Mont al parecer le hubiera gustado frenar las investigaciones que tiene la FGR en su contra haciendo un multimillonario acuerdo, pero no esperó que se lo negaran.
Después de que se revelara todas las tranzas que ella y su marido estuvieron haciendo durante años, e incluso recibiendo un dineral de empresas fantasma, al parecer ahora sí ya quiere hacer las paces, pero no le salió.
No le bastó con sus estafas, al parecer según un medio de noticias hizo de conocimiento público que Mont trató de llegar a un mutuo acuerdo con la Fiscalía General de la República para que ya no le siguieran sacando sus trapitos sucios.
Entre las miles de cosas que ha perdido la ex conductora de TvAzteca, la dignidad está entre una de ellas, pues con la cola entre las patas quiso llegar a un trato con las autoridades mexicanas.
Justo el medio Animal Político hizo una serie de investigaciones donde publicó de dónde recibía el matrimonio sus milloncitos, fue aquí donde salió a la luz las intenciones que tenía al menos Inés de limpiar su nombre.
La defensa legal de Mont quería llegar a un acuerdo con la FGR, para que ya no la estuvieran buscando, y regresar a una vida relativamente normal junto con todos sus hijos.
Pero no le salió el plan, ya que las autoridades le negaron al rededor de 14 millones de pesos, que sería lo que recibió de todas las empresas fantasma que tenía junto a Álvarez Puga.
“La FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados. Y en el caso de su esposo Álvarez Puga, la fiscalía le acredito operaciones por menos de 250 mil pesos”, escribió Animal Político en su investigación.
Gómez Mont se ofreció a regresar el dinero en dos exhibiciones, pero la rechazaron porque lo quería hacer mediante el SAT, pero la encargada en realidad era la Procuradora Fiscal de Hacienda.
Incluso, las autoridades comentaron que no por el hecho de que regrese el dinero que se robó ya no la continuarán investigando, por lo que el matrimonio estaría enfrentando una condena de 40 a 20 años en caso de que sean encontrados culpables.
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