Donald Trump fue acusado formalmente en una investigación del Departamento de Justicia por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en los días previos al asalto al Capitolio de Estados Unidos (6 de enero de 2021) por parte de sus simpatizantes.
Los cargos incluyen asociación delictuosa para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y manipulación de testigos.
El acta de acusación, que representa el tercer caso penal contra el ex presidente mientras busca volver a la Casa Blanca en 2024, se produce luego de una larga investigación federal sobre las gestiones de Trump y de sus aliados, para subvertir la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el cargo pese a una derrota decisiva ante Joe Biden.
Incluso en un año de problemas legales en rápida sucesión para Trump, el caso penal presentado ayer fue particularmente impactante por las acusaciones de que un ex mandatario arremetió contra los cimientos de la democracia en un intento desesperado, y eventualmente fallido, de aferrarse al poder.
Fiscales federales afirman que Donald Trump estaba “determinado a permanecer en el poder” en conspiraciones que atacaban una “función fundamental del Gobierno federal de Estados Unidos: el proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial”.
Trump tiene programado comparecer mañana ante la jueza federal Tanya Chutkan.
El caso penal se produce mientras Trump lidera la contienda interna del Partido Republicano por la nominación presidencial. Sin duda el ex presidente y sus simpatizantes, e incluso algunos de sus rivales, le restarán importancia a la nueva acusación y la calificarán como otro simple proceso con fines políticos. Sin embargo, los cargos se derivan de una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.
Los cargos se enfocan en los turbulentos dos meses posteriores a los comicios de 2020 en los que Trump se rehusó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. El caos tuvo como resultado el ataque al Capitolio federal el 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el recinto, atacaron a policías e interrumpieron el conteo legislativo de votos colegiados.
En el periodo entre las elecciones y la revuelta, Trump exhortó a funcionarios electorales locales a revertir los resultados de las votaciones en sus estados, presionó al vicepresidente Mike Pence para que suspendiera la certificación de votos del Colegio Electoral y afirmó falsamente que la elección le había sido robada, una noción que los jueces rechazaron en reiteradas ocasiones.
El Financiero
