Dos mecanismos de protección a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con los que contaba el muralista y activista Héctor Domínguez, no cumplieron con su función, reconoció el fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera; indicó que en este caso siguen tres líneas de investigación, una de campo, la científica y de testimoniales o gabinete.
Explicó que existe un antecedente del caso del mes de septiembre del 2018, “en donde el muralista fue objeto de una agresión con arma de fuego, por lo que posteriormente a ello se emitieron medidas de protección, mismas que vencieron y volvieron a renovarse desde el pasado mes de marzo”.
Dijo que la investigación científica ha arrojado algunos hallazgos y elementos que permitirán el esclarecimiento de los hechos. Mientras que la indagatoria de campo arrojó ciertas declaraciones de testigos que permitirán alcanzar un resultado pronto y positivo.
El Fiscal reiteró que al momento del ataque había una orden de protección de acuerdo a cómo el muralista la solicitó, “esa orden de protección se remitió directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y hasta donde sé, era una protección de contacto donde él tenía un botón de pánico, ya que Héctor Domínguez no quería protección física de elementos”.
Señaló que la SSPE, debe de contar con una bitácora en donde especifique su participación con relación a esas medidas que implementó.
Garza Herrera descartó la versión de que el triple homicidio fuera cometido por un comando armado, “la evidencia que nosotros tenemos es totalmente diferente, pues es un arma calibre 40, esa es la única que se encontró en la escena, pero tenemos que esperar a los resultados de la investigación pericial”.
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