La Fiscalía ha ejercido acción penal en contra de 49 funcionarios públicos, de los cuales sus casos se han llevado ante un Juez para que les defina su situación.
Los delitos de que se les acusa están relacionados con el peculado, ejercicio ilícito de la función pública, cohecho, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.
En reunión de carácter privado de inicio, abierto después, el fiscal general, Federico Garza Herrera, y el fiscal anticorrupción del Estado, Jorge Vera Noyola, informaron a miembros de la Comisión de Vigilancia del Congreso los avances que se han hecho en las denuncias contra funcionarios públicos, precisando que existen 303 denuncias en total.
Los fiscales explicaron que cinco de los indiciados son ex diputados en proceso penal ante juez, dos de ellos vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria y los otros tres con solicitud ante juez de control para audiencia inicial; además hay seis ex funcionarios de la ASE también se encuentran vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria, al igual que un particular que participó en uno de esos casos.
En cuanto a las autoridades municipales, hay cinco alcaldes, seis regidores de ayuntamiento, dos síndicos, tres secretarios municipales, dos contralores, cinco tesoreros y cinco directores de desarrollo social, a los cuales la Fiscalía ha ejercitado acción penal y sus casos están ante un juez.
La reunión con los fiscales se realizó desde las 6:00 de la tarde en la sala “Jaime Nunó” del Congreso, ubicada en las instalaciones frente al jardín Miguel Hidalgo (Plaza de Armas), teniendo como testigo a la auditora superior Rocío Cervantes Salgado.
La diputada presidente de la Comisión, Marite Hernández Correa, consideró “positiva” la reunión, asegurando que cambió la noción general de que en la persecución de los delitos de corrupción de funcionarios públicos hay mucho de simulación en el trabajo de las fiscalías.
Tanto ella como el propio fiscal anticorrupción, expresaron que en los próximos meses la ciudadanía verá resultados en denuncias concretas por malversación de fondos públicos, aunque por las ya conocidas limitantes de secrecía, respeto a la presunción de inocencia y para no obstaculizar el debido proceso, evitaron señalar nombres o datos personales específicos. La sesión empezó con una exposición en pantalla y se retiró a la prensa.
Garza Herrera dijo que la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Hechos de Corrupción y el área de Servidores Públicos de la Visitaduría, han estado trabajando en las denuncias que se presentan en estos rubros, se les investiga, y cuando existen elementos de prueba sobre lo que se les acusa, se ejercita acción penal.
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