La cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano carece de indicadores públicos claros que permitan medir su efectividad. Hasta ahora, no existen informes consolidados que detallen cuántas armas decomisadas han sido rastreadas hasta su origen, cuántas investigaciones surgieron de ese rastreo ni cuántos casos terminaron en sentencias. Esta falta de datos impide saber si las acciones conjuntas realmente han reducido el flujo de armamento o si sólo se trata de operativos aislados sin impacto duradero.
Uno de los principales esfuerzos bilaterales es el acuerdo denominado Mission Firewall, presentado como una estrategia para coordinar acciones entre autoridades de ambos países y evitar que armas crucen la frontera hacia el crimen organizado. Este mecanismo fue anunciado durante una reunión binacional en Texas y contempla el uso de herramientas de rastreo, intercambio de información y cooperación operativa. Sin embargo, hasta ahora no se han publicado documentos firmados ni reportes verificables que permitan evaluar sus resultados o exigir responsabilidades concretas.
El problema también se refleja en la falta de métricas sobre el origen y destino de las armas aseguradas. Sin información detallada sobre números de serie, rutas de distribución o redes de intermediarios, resulta imposible reconstruir la cadena completa que permite que el armamento llegue a manos criminales. Esta opacidad limita la capacidad de las autoridades para demostrar que el acuerdo bilateral está generando resultados reales y sostenidos.
De acuerdo con el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, durante el actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum se han asegurado alrededor de 18 mil armas de distintos calibres. De ese total, entre el 77 y el 78 por ciento proviene de Estados Unidos, lo que confirma el peso que tiene el tráfico transfronterizo en el fortalecimiento de los grupos criminales en México.
Además del armamento, también se ha detectado el uso de municiones con origen en instalaciones estadounidenses. Autoridades mexicanas han señalado que casi la mitad de los cartuchos asegurados desde 2012 están vinculados a la planta Lake City Army Ammunition Plant, propiedad del gobierno estadounidense. Este material fue comercializado en armerías del sur de ese país, lo que evidencia la facilidad con la que estos productos terminan fuera de los canales legales.
Ante esta situación, México también intentó recurrir a la vía legal para frenar el flujo de armas, mediante una demanda contra fabricantes y distribuidores. No obstante, el 5 de junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos bloqueó la acción judicial al considerar que la legislación de ese país protege a las empresas del sector frente a ciertos reclamos civiles relacionados con el uso criminal de sus productos. Esta decisión representó un obstáculo importante para los esfuerzos mexicanos por reducir la oferta de armas.
Expertos en seguridad han advertido que sin información pública verificable sobre el rastreo de armas, las investigaciones y las condenas, no es posible medir si las estrategias implementadas han tenido éxito. La ausencia de datos consolidados favorece la difusión de logros puntuales, pero dificulta la evaluación de un impacto real sobre el tráfico ilegal.
El tema volvió a cobrar relevancia tras el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este hecho reavivó el reclamo sobre el origen del armamento que utilizan estas organizaciones, muchas de las cuales obtienen sus armas a través del tráfico ilegal desde Estados Unidos.
Aunque existen anuncios de coordinación y decomisos relevantes, hasta el momento no hay evidencia pública que confirme una reducción significativa y sostenida en el flujo de armas hacia México. La falta de transparencia y resultados medibles mantiene abierta la preocupación sobre la efectividad real de la cooperación binacional para enfrentar este problema.
