Estela Ambriz Delgado
La emisión de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario (TUA) que anula el acta de asamblea de la comunidad San Juan de Guadalupe en la que se aprobó un contrato de asociación en participación con la empresa Espacios en el Horizonte, pone en jaque a quienes pretendían urbanizar y cierra la pinza de la estrategia jurídica, social y política del movimiento de defensa de la Sierra de San Miguelito.
El colectivo Guardianes de la Sierra indicó que luego de un litigio que se llevó seis años, finalmente al TUA no le quedó más que resolver la nulidad de esa asamblea, que le daba facultades a la comunidad de pactar la tierra, en la sentencia emitida en el expediente 903/2019 por la magistrada María de Lourdes Claudia Martínez Lastiri.
Detallaron que esto es resultado de una estrategia conjunta con comuneros disidentes, que inició desde el año 2017, para controlar a la entonces sociedad mercantil Reserva, en 2018 hectáreas de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
Esto, luego de que los empresarios Alejandro Tamayo y Carlos López Medina pactaran una alianza como grupos de poder en la comunidad, después de haberse confrontado y peleado por el control de la misma.
Posteriormente, en el contexto de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se generó una gran presión social para evitar que se le diera autorización y opinión favorable a Reserva. En mayo de 2019 se obtuvo la opinión DGJRA/DAAPP/0435/2019 de la Dirección Jurídica y de Representación Agraria de la Procuraduría Agraria, a través de la entonces delegada estatal Ma. Luisa Plascencia Pañola.
En el documento, luego de un análisis respecto al marco jurídico para el funcionamiento de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, la directora Alejandrina Gámez Rey concluye que la normativa no prevé ni regula su constitución, por lo que se determinó son irregulares.
“La Ley Agraria y sus Reglamentos no prevén y mucho menos regulan, la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, toda vez que el objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios, requisitos que en la especie no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas”.
Después de que se lograra el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de la Sierra de San Miguelito, se obtuvo otra opinión de la PA en contra de la pretensión del proyecto entre integrantes de la comunidad y la empresa Espacios en el Horizonte en un área de 2068 hectáreas inmersas en el polígono decretado mediante el modelo de asociación en participación.
En esta opinión número 027/2022, oficio DGJRA/DAAPP/0840/2022, se determina la imposibilidad de constituir un contrato de asociación en participación con un ejido o comunidad, ya que las inmobiliarias son sociedades o empresas que se dedican a construir, vender, alquilar y/o administrar viviendas. Esto desvirtúa la actividad productiva agrícola de la parcela o de las tierras de uso común para producir, transformar o comercializar productos del campo, y es un acto que modificaría el uso y calidad de los terrenos, quedando inservibles para su cultivo
Además, se señala que dichos contratos no son viables, ya que no cumplen con el objetivo de proteger la biodiversidad, que contempla el decreto de APFF de la Sierra de San Miguelito.
Asimismo, como parte de la estrategia de defensa de la tierra comunal, Guardianes de la Sierra inició desde 2019 el litigio 903/2019, encabezado por Noel de la Rosa, en el que impugnaron el intento de crear la figura de asociaciones en participación como una salida que le dieron los fraccionadores a la imposibilidad de hacer inmobiliarias.
Por ello, con la reciente sentencia en contra de una asamblea ilegítima que pretendía amarrar a los comuneros, ya no por la vía inmobiliaria, pero sí por la de asociación en participación, cierra la pinza de la estrategia urdida por el movimiento de lucha y rompe con las estrategias de inmobiliarios.
En este sentido Guardianes de la Sierra subraya que esta es una historia que ha sido construida con mucho esfuerzo por parte del movimiento y de los comuneros de la resistencia en San Juan de Guadalupe.
“Lo que se ha logrado es importantísimo para la conservación del ANP, porque este era precisamente el grupo facineroso que tiene más intenciones de destruir el decreto. Ahora con o sin decreto están perdidos (…) los empresarios están en la lona, los que defienden la venta de tierra en el ANP no se dan cuenta que su proyecto está muerto y aún quieren seguirse moviendo”.
