En una perturbadora serie de eventos ocurrida anoche afuera del estadio Hermanos Serdán, en Puebla, un grupo de franeleros agredió físicamente a una familia por no querer pagar 50 pesos por concepto de ‘estacionamiento’.
Tres miembros de la familia tuvieron que ser hospitalizados debido a las lesiones sufridas, mientras que su camioneta fue apedreada, dejando evidencia de la brutalidad del altercado, como lo informó en redes sociales, Juan Carlos Valerio, de Imagen Noticias Puebla.
Las redes sociales no tardaron en reaccionar, con varios ciudadanos lamentando la situación y expresando su indignación. Leonardo, usuario de Twitter, señaló: “Siempre he dicho que los franeleros deben ser detenidos por la policía… al final están cometiendo una infracción que deriva en extorsión y asociación delictuosa.”
J. Luis Cuevas, por su parte, cuestionó la inacción de las autoridades que suelen estar presentes cerca del estadio. Caro AF compartió una experiencia similar y resaltó la aparente protección que sienten tener estos franeleros por parte de las autoridades.
Jorge Espinoza levantó una inquietante interrogante sobre si estos franeleros son en realidad empleados del estadio y, por ende, si la responsabilidad debería recaer en la administración del mismo.
Por último, Alberto Jurado Hernández abogó por la regulación de estos individuos, sugiriendo que deberían pagar impuestos, pero más importante aún, que aquellos que cometieron el ataque deberían ser llevados ante la justicia.
Esta creciente tensión entre franeleros y ciudadanos destaca un problema más profundo en la sociedad. La falta de oportunidades a menudo empuja a las personas a la ilegalidad, y actividades como la extorsión se convierten en el medio de vida de muchos.
En lugares como Puebla, los franeleros son un fenómeno omnipresente. Estos personajes, originalmente confiables y útiles, han evolucionado en algunos casos a individuos más agresivos y organizados que operan de manera obligatoria con tarifas fijas, y en situaciones extremas, como la de anoche, utilizan la intimidación y la violencia.
La regulación de estas actividades y la recuperación del espacio público es esencial. Es un asunto que trasciende la seguridad y la movilidad, afectando directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. La sociedad y las autoridades deben trabajar conjuntamente para encontrar una solución que resguarde el bienestar y los derechos de todos.
Excélsior
