60% de los casos de desaparición forzada ocurridos durante el último sexenio no fueron denunciados ante el Ministerio Público, debido a actos intimidatorios tanto de delincuentes como de autoridades contra los familiares de las víctimas, lo que convierte al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Renped), recientemente presentado por la Secretaría de Gobernación, en “una lista sin la validez suficiente para estimar objetivamente el número real de víctimas de este delito”, señaló la hermana Consuelo Morales, directora del la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, agrupación neoleonesa cuya labor de documentación le mereció, en 2011, el reconocimiento de la organización internacional Human Rights Watch. “La lista que presentó Gobernación se las dejó elaborada la administración anterior, no es una lista actualizada –explicó Morales– y en ella se junta a gente extraviada con gente desaparecida, por lo cual no queda muy claro cuál fue la categoría de desaparición forzada empleada por las autoridades.” La directora de CADHAC –agrupación que en el último sexenio documentó mil 54 desapariciones en Nuevo León– subrayó que, aún cuando Gobernación reconoce en el Renped la existencia de 26 mil expedientes, no es posible distinguir cuáles de estos corresponden a personas sustraídas o privadas de su liberad de manera forzada e, incluso, “si alguien se fue de su casa por alguna razón o si se extravió, también la meten en esa lista”. Además, remarcó, al haberse elaborado en Renped con base en los reportes de las mismas procuradurías de justicia estatales, a éste se transfirieron las deficiencias con las que de origen fueron integradas dichas bases de datos a nivel local, tales como la “la errónea conceptualización de la desaparición, que puede ser calificada como secuestro, como detención ilegal, como extravío, y sólo en un número reducido de estados como desaparición forzada, porque no en todos los códigos penales de las entidades federativas se encuentra tipificado este delito“, así que, insistió, “cabe la posibilidad de que las procuradurías estatales omitieran incluir en el Renped casos que se haya tipificado de cualquier otra forma”. El miedo La hermana Consuelo Morales, que en 2011 fue reconocida con el premio Alison Des Forges por Activismo Extraordinario por la organización internacional Human Rigths Watch, subrayó que “un altísimo porcentaje de familias, hasta 60%, según nuestra experiencia, no denuncian ante la autoridad correspondiente, que es el Minisiterio Público, que se han llevado a sus seres queridos”. Y son diversos los factores que insiden para inhibir la denuncia, “desde que la misma autoridad no tome registro de ella, al soslayar la desaparición, hasta que hayan sido amenazados los familiares por la delincuencia o la misma autoridad; el hecho es que mucha gente tiene miedo de que, si ya se llevaron a uno de sus hijos, ahora se lleven a otro.” Pese a ello, insistió, es imprescindible que las familias “estén de pie, que las familias quieran el proceso, que vayan al MP, nosotros (en CADHAC) les abrimos la puerta, pero quien tiene que asumir el liderazgo de la averiguación son las familias.” Y es a partir de la denuncia formal, explicó, que puede verificarse “que el MP haya hecho bien la averiguación, y luego tuvo que realizara una consignación que cubra con los parámetros profesionalmente, para que no la rechacen los jueces, pues, si no, se favorece la impunidad. No queremos chivos expiatorios, queremos que quien sea juzgado por una desaparición sea la persona responsable, no un culpable inventado.” El número “¿Vamos a tener un número real de personas desaparecidas? –se pregunta a si misma la hermana Consuelo– Yo, personalmente, lo dudo mucho, porque la misma ciudadanía tiene miedo y sabe de las complejidades tan terribles que hay para denunciar y saben el grado de impunidad que existe en la actualidad.” Sin embargo, destaca, la sola existencia del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas y Extraviadas representa un “reconocimiento por parte de las actuales y de las pasadas autoridades de la tragedia que está viviendo el país, por las desapariciones, yo creo que aunque el señor Calderón lo negó, al final se dio cuenta de la magnitud del problema que había generado, con esta lucha irracional que enfrentó la violencia con más violencia”. “Esta lista es un inicio –concluyó–, pero no estamos nada contentos, nada satisfechos, seguimos del lado de las familias pidiendo justicia, pidiendo verdad. No podemos sentirnos satisfechos de esos pequeños pasitos que se dan, porque para las familias esto puede ser nada, en tanto no tengan ellos a sus seres amados de regreso en casa.” Con la hermana Consuelo coincidió, entrevistado por separado, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que agrupa a víctimas de la violencia de todo el país, para quien “el que hayan hecho esa lista, aunque esté mal, ya que faltan personas y otras están inscritas con errores, ya es un inicio… la existencia del Registro es un reconocimiento del Estado de una deuda que había soslayado, porque los desaparecidos no existían para el Estado.” Sin embargo, insistió el poeta, aún cuando la lista de 26 mil desaparecidos deba ser depurada y ampliada, “con ésta las autoridades tienen ya una dimensión del problema, y a partir de ella tienen que invertir ahora mucho dinero en cuestiones como el desarrollo de bases de datos, bases de ADN, cruces de información, ahora se tiene que crear una infraestructura que no existe para la búsqueda, se debe dotar a las procuradurías de los elementos necesarios para que puedan responder a esta tragedia, se deben desarrollar protocolos inmediatos de búsqueda, y yo creo que ese es el camino: más allá del Renped, hay muchas más cosas que hacer“. http://www.animalpolitico.com/2013/03/fuera-de-registros-oficiales-60-de-desapariciones-cadhac/]]>
