De manera repentina, una presunta empresa de seguridad privada solicita a vecinos del fraccionamiento Hacienda Los Morales cuotas para la vigilancia de la unidad habitacional, sin que aparezca en los registros oficiales de empresas de esta actividad ni que autoridades de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez y del gobierno estatal estén enteradas de esta actividad.
En días recientes, habitantes de este fraccionamiento empezaron a recibir oficios de la empresa ONMC Seguridad Privada Elite y del Grupo León, en donde se les pide la autorización para que supuestos vigilantes recorran las calles de la unidad para brindar vigilancia.
El presunto servicio sería brindado por un equipo de 4 elementos «preparados para reacción preventiva» que circularían en bicicleta.
Los documentos piden a los vecinos que autoricen a la empresa como «proveedor del servicio de seguridad», así como una cuota de siete pesos diarios.
También indican que dicho documento serviría para enterar a las autoridades municipales, estatales y municipales de su labor. Lo anterior pese a que en el mismo documento aseguran estar en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.
El documento está firmado por Eleazer (sic) Moreno García, director general de la empresa.
Algunos residentes del fraccionamiento señalaron que aún no se les ha cobrado. Una vecina que dijo estar en desacuerdo en otorgar cooperación, afirmó haber recibido llamadas de extorsión a los días siguientes.
Además, las autoridades presuntamente en coordinación con la empresa, sin embargo, desconocieron el caso.
El director de Seguridad Pública Municipal José Luis Urban Ocampo dijo no estar enterado de la situación en el fraccionamiento soledense.
Indicó que en el caso de los fraccionamientos que cuentan con seguridad privada se apoyan en estos para mantener una coordinación por cualquier situación que pudiera ocurrir en las zonas residenciales.
El funcionario indicó que cualquier inconsistencia que los ciudadanos detecten pueden hacer el reporte a la Dirección de Seguridad Pública, en el caso de que se presenten amenazas de extorsión presentarlas ante la fiscalía del estado.
«Vamos a investigar y estaremos actuando conforme a los protocolos, para verificar si la empresa está registrada» expresó.
Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, también dijo no tener conocimiento de algún caso reciente, pero invitó a las y los potosinos a que reporten cualquier anomalía a las autoridades para investigar y tomar cartas en el asunto.
Confirmó que toda corporación privada debe tramitar y mantener vigente un registro anual ante la Dirección de Servicios Privados dependiente de la DGSPE.
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