Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, señaló que varias comunidades han sido objeto de amenazas, chantajes y presiones luego de presentar amparos por el recorte al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM). Dijo que incluso algunas autoridades indígenas han sufrido bloqueo de cuentas y retención de tarjetas como forma de intimidación.
Explicó que estas acciones comenzaron cuando los pueblos decidieron defenderse legalmente del ajuste presupuestal. A partir de ese momento, aseguró, los funcionarios federales Guillermo Morales, delegado de la Secretaría de Bienestar, y Mario Godoy Ramos, titular del INPI en el estado, habrían dado instrucciones a servidores de la nación para presionar directamente a las comunidades involucradas.
Cisneros detalló que dos comunidades podrían retirar sus amparos, pero aclaró que esta decisión no sería voluntaria, sino consecuencia del hostigamiento al que han sido sometidas. Señaló que los firmantes han recibido insistentes visitas y llamadas para convencerlos de desistir de las acciones legales.
El representante del observatorio insistió en que estas prácticas buscan debilitar la organización comunitaria y frenar la defensa del presupuesto destinado a obras y servicios para pueblos indígenas y afromexicanos, afectando su autonomía y su derecho a exigir condiciones justas.
