Algunos integrantes del equipo de Claudia Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, podrían enfrentar restricciones para entrar a Estados Unidos debido a su participación en la contratación de médicos cubanos durante la pandemia.
Esta medida surge tras el anuncio de Marco Rubio, secretario de Estado bajo el gobierno de Donald Trump, quien advirtió que se negarían visas a funcionarios de países que participen en las llamadas “misiones médicas” de Cuba, acusadas de ser una forma de trabajo forzado. La decisión también podría afectar a funcionarios mexicanos que promovieron este tipo de acuerdos.
Entre los nombres señalados están Luz Elena González, actual secretaria de Energía; Oliva López Arellano, exsecretaria de Salud de la CDMX; Juan Antonio Ferrer, exdirector del Insabi; y Jesús Antonio Garrido, exfuncionario de finanzas de Salud capitalina. Todos firmaron documentos que hicieron posible la llegada de médicos cubanos a México desde 2020.
La contratación de estos médicos se justificó como apoyo en la atención de la emergencia por COVID-19. Un contrato firmado en abril de 2020 detalla que se pagaron cerca de 136 millones de pesos por la colaboración de 585 médicos cubanos durante tres meses, aunque su permanencia se ha extendido hasta hoy.
El dinero fue transferido al gobierno cubano a través del Banco Financiero Internacional en La Habana. Los recursos provinieron de un convenio entre el gobierno de Sheinbaum y el Insabi, encabezado por Ferrer en ese entonces.
Actualmente, muchos de esos funcionarios ocupan cargos importantes. Ferrer fue nombrado representante de México ante la UNESCO; González Escobar lidera la Secretaría de Energía; y López Arellano colabora con la Organización Panamericana de la Salud.
La contratación de médicos cubanos no se detuvo en la capital. Bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se extendió a todo el país. En julio de 2024, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que 950 médicos cubanos trabajaban en 23 estados, y se preveía la llegada de 2,700 más.
Ya como presidenta, Sheinbaum ha defendido esta colaboración y negó que se trate de trabajo forzado. Afirmó que el acuerdo es legal y transparente, y pidió respeto a la soberanía mexicana. Ante la amenaza de restricción de visas por parte de Estados Unidos, respondió que “hasta ahora no se ha notificado nada directamente a México”.
