El día en que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) puso fin a seis años de cautiverio, golpizas y recurrentes abusos sexuales contra Gabriela, fue el mismo que la joven, de entonces 21 años, perdió la esperanza de reencontrase con su madre, toda vez que Clara Tapia Herrera fue encarcelada.
De tez morena y gestos amables, Gabriela es hoy una joven que intenta superar el tiempo que pasó retenida en una habitación, a sus 15 años, por Jorge Antonio Iniestra Salas, el llamado Monstruo de Iztapalapa, quien la secuestró junto con su hermana Rebeca, de entonces 12 años.
Sin la intención de culpar a su madre, el testimonio de Gabriela fue clave para que la PGJDF acusara a Clara Tapia de ser cómplice de Iniestra Salas. Le imputaron los delitos de corrupción de menores y violencia familiar, a pesar de que ella nunca avaló los abusos físicos y sexuales que sufrieron sus hijas.
El recuento
Gabriela recordó que en las tardes su oído se volvía más agudo y podía escuchar los pasos de su secuestrador cada vez que subía a las escaleras para entrar en la habitación. Sabía que si se portaba mal él le pegaría hasta cansarse, y si se portaba bien abusaría de ella, como lo hizo tantas veces.
Tras una larga espera, la noche del 5 de septiembre de 2011 llegó su liberación. En la casa donde estaba retenida, las autoridades capitalinas también encontraron cuatro de los cinco niños que Iniestra Salas había procreado con Gabriela y su hermana —a quien asesinó a golpes un día de 2009 junto con una de las niñas.
Ese día, Gabriela también fue interrogada y perdió toda oportunidad de ver a Clara. Temerosa de que en cualquier momento llegara Jorge Antonio, y recordando que en varias ocasiones él le dijo que si alguien los descubría ella tenía que suicidarse, Gabriela fue entrevistada por la trabajadora social Irma Raquel Sierra Suárez.
Así que ella dijo lo que “sabía que debía decir”: que su mamá “no las atendía, no mostraba interés, no las cuidaba y no las quería”. Tal como lo dijo Jorge Antonio, quien durante años le hizo creer que “los títulos se ganan”, y que Clara no merecía ser llamada madre, que era diferente a ellos y tampoco merecía su atención.
Lo que ella no supo es que al día siguiente, el 6 de septiembre, en el búnker de la PGJDF, se presentaba ante los medios de comunicación, como presuntos secuestradores, a Iniestra Salas, cinco personas más —entre ellas dos de sus hermanas y un hermano— y a Clara, la madre con la que quería regresar.
Las pruebas
En su declaración, la joven, hoy de 23 años, acusó a su madre con tal vehemencia que esta prueba fue sustancial para encarcelar a Clara, quien lleva más de dos años en el Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, acusada de corrupción de menores y violencia familiar, aunque nunca golpeó ni humilló a su hija.
Pero los abogados aseguran que esta prueba se ha desvanecido. Después de recibir terapia sicológica, de vivir en libertad y bajo el resguardo de la PGJDF, la joven considera que la relación que para su captor era normal en realidad era un abuso, y que su madre, al igual que ella, fue víctima de esa situación.
La Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó en febrero de 2012 que Clara también vivió actos violentos, porque fue sacada de su casa, se le restringió el vestido y la comida, y se le condicionó la información sobre sus hijas a cambio de dinero.
Con esta resolución se eliminó el delito de violencia familiar y, por tanto, quedó el cargo de corrupción de menores, por el cual Clara es todavía acusada.
Los abogados David Peña Rodríguez y Karla Michel Salas sostienen que hay elementos suficientes para dejar en libertad a Clara, toda vez que ella nunca avaló los abusos, y aunque en junio de 2009 supo que el sujeto se llevaba a sus hijas, no supo a dónde ni pudo hacer nada porque fue amenazada con que les haría daño si se entrometía.
Sin acusación
Para los integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos es claro que la parte acusadora debe demostrar la culpabilidad.
Gabriela, como víctima, debería demostrar la culpabilidad de su madre. Sin embargo, se ha retractado de las acusaciones y ha manifestado que desea reencontrarse con Clara.
Con estos argumentos, en enero pasado los abogados presentaron ante el Juzgado 64 penal, a cargo del juez Casiano Carlos Morales García, una petición de “desvanecimiento de datos”; es decir, un recurso jurídico para explicar que no hay elementos para juzgar a Clara, pues ya no hay acusación.
El pasado 15 de febrero, sin embargo, el juez resolvió que no era procedente la libertad por desvanecimiento de datos. Aseguró que las pruebas aportadas por la defensa de esta mujer de 44 años serían valoradas una vez que se dictara la sentencia.
Aún así los abogados insisten en que mantenerla en prisión con pruebas que ya no existen (las declaraciones de Gabriela) viola sus derechos humanos, por lo que apelaron la negativa ante la Sala Octava del TSJDF, que tendrá que valorar si ampara a la víctima o da la razón al juez.
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