Tras la reciente aprobación en el Congreso del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos subrayan que el desafío ahora es garantizar que el acceso a este servicio sea seguro y libre de obstáculos para todas las mujeres y personas gestantes en San Luis Potosí.
Este cambio en el Código Penal del estado representa un avance, al eliminar sanciones que criminalizaban la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, Nuria Serrano, activista de la colectiva ILE, enfatiza que aún queda pendiente adecuar tanto el artículo 16 de la Constitución local, que protege la vida desde la concepción, como la Ley de Salud para establecer protocolos claros en las instituciones de salud pública.
Para que hospitales y clínicas ofrezcan el aborto como un servicio de salud integral, más allá de los casos de violación previstos en la NOM-046, es imprescindible la modificación de la Ley de Salud. Sin ella, señala Serrano, el servicio podría verse obstaculizado. “Sin un protocolo, quienes soliciten este servicio en un hospital público podrían no recibirlo, algo que debe solucionarse con urgencia,” expresó.
Activistas recalcan la necesidad de capacitar al personal médico y de lanzar campañas informativas en todos los municipios para que la población conozca este derecho. Además, la Asociación Civil Nueva Luna y otros colectivos permanecerán atentos para asegurar que las autoridades cumplan con los compromisos necesarios para garantizar el acceso al aborto seguro y legal.
