Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2012. Un grupo de abogados que pretendió conocer en qué consistieron las acciones financiadas con los recursos recibieron como respuesta una relación de proyectos, entre los que destacan gastos por 2 millones 308 mil 400 pesos en difusión para la información, sensibilización y generación de una nueva cultura, sin que entre los litigantes circule la promoción del tema. En una de las solicitudes, tramitada con el número de folio 0012713 a nombre de Luis González Lozano, se informa en la respuesta de la aplicación de recursos por 12 millones 763 mil 439.45 pesos y un fondo para reembolso por 12 mil 399.12 pesos. Entre la documentación de la respuesta destaca el oficio CJE/ST/019/2013, firmado por Jaime Delgado Alcalde, consejero jurídico del Estado y secretario técnico de coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal, en el que aclara hasta el mes de enero pasado, el Ejecutivo estatal no había asignado recurso alguno para las acciones. Los abogados, encabezados principalmente por el despacho Data Legal Abogados, SC, estimaron que a pesar de la proximidad para que entre en plena vigencia el nuevo Sistema de Justicia Penal, no se han realizado las acciones suficientes para el caso. “Adicionalmente consideramos la falta de transparencia que ha existido en el proceso de implementación y en el manejo de recursos, cuando esto debiera darse de la manera más clara, a fin de efectivamente beneficiar, concientizar y educar a la ciudadanía”, comentó González Lozano. Señaló que en la respuesta destaca que se aplicaron grandes recursos a varios servicios pero sin que se tenga claro qué tanto impactaron o beneficiaron la implantación de la reforma penal. Mencionó que además de los recursos aplicados presuntamente a difusión, se pagaron 2 millones 332 mil 760 pesos a un particular, José Reyes Saldaña González, por concepto de capacitación, la cual se desconoce cómo y en dónde se dio. Entre los proyectos que aparecen en la relación de nueve actividades, se encuentra uno más de capacitación especializada sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal para Defensoría Pública del Estado, al que se asignaron un millón 658 mil 300 pesos. El proceso de implementación de la reforma penal en el país comenzó a partir de la publicación de la reforma constitucional el 18 de junio de 2008. En el estado el Consejo de Coordinación se creó el 5 de febrero de 2010. Han pasado cinco de los ocho años que el artículo transitorio de la reforma constitucional pone como límite para concluir el procedimiento y en el estado, en más de la mitad del plazo, se desconocen las acciones concretas que se han realizado y el Estado aún no asigna recursos al proceso. Ante la falta de información por parte de las autoridades, el grupo de abogados considera la necesidad de presentar nuevas solicitudes de información para obtener datos más precisos sobre las condiciones en las que tendrán que ejercer a partir del 18 de junio de 2016. http://www.lajornadasanluis.com.mx/2013/05/13/pol1.php]]>
