El Radar
Por Jesús Aguilar
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La reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ha desatado una serie de eventos que ponen a prueba las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, así como la soberanía y el sistema judicial de ambos países.
Tras su detención en julio de 2024 en Nuevo México, Zambada ha solicitado su repatriación a México, argumentando que su aprehensión fue resultado de un “secuestro transfronterizo” orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En una carta dirigida al Consulado de México en Nueva York, el capo de 77 años enfatizó que Estados Unidos “carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”
Ante esta situación, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero ayer en la mañanera manifestó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses a las solicitudes de extradición de Zambada. Según Gertz Manero, desde la captura de Zambada, la Fiscalía ha iniciado procedimientos de extradición, presentando cuatro solicitudes formales a Estados Unidos, sin obtener respuesta hasta la fecha.
El fiscal subrayó que es obligación de México brindar asistencia consular a Zambada, conforme a la Convención de Viena, aunque aclaró que no ha tenido contacto directo con los abogados del narcotraficante.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha pronunciado al respecto, indicando que, más allá de los delitos que se le imputan a Zambada, es fundamental garantizar el derecho de cualquier ciudadano mexicano a un juicio justo y a que se sigan los procedimientos legales adecuados. Sheinbaum enfatizó la importancia de analizar la solicitud de repatriación, considerando las implicaciones que este caso podría tener en la relación bilateral y en la soberanía nacional
Expertos en derecho internacional y relaciones bilaterales señalan que la situación es compleja. Por un lado, Estados Unidos busca juzgar a Zambada en su territorio, especialmente por cargos relacionados con el tráfico de fentanilo, una crisis de salud pública en ese país. Por otro lado, México argumenta que la detención y traslado de Zambada violaron su soberanía y los procedimientos legales internacionales. El abogado de Zambada, Juan Manuel Delgado, ha declarado que su cliente es consciente de que pasará el resto de sus días en prisión, pero su principal objetivo es evitar la pena de muerte
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La defensa de Zambada ha manifestado su disposición a negociar un acuerdo con las autoridades estadounidenses que excluya la pena capital. Sin embargo, hasta el momento, no se ha llegado a un consenso, y la posibilidad de que Zambada coopere proporcionando información sobre otros narcotraficantes o funcionarios corruptos en México añade otra capa de complejidad al caso
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En este contexto, la postura de Gertz Manero refleja una defensa de la soberanía y el sistema judicial mexicano, al tiempo que se busca mantener una relación diplomática equilibrada con Estados Unidos. El desenlace de este caso sentará un precedente significativo en la cooperación bilateral en materia de justicia y en la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, pero por lo pronto, la postura y antecedentes del manejo del caso desde la era- AMLO-BIDEN del Fiscal transexenal le dan tiempo y aire a la Presidenta Sheinbaum.
