La administración de Joe Biden llegó este lunes 16 de octubre a un acuerdo con la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, en inglés) para limitar las separaciones de familias en la frontera con México, que todavía debe ser aprobado por un juez, pero que en caso de ser ratificado establece nuevos estándares contra esa práctica.
El pacto limita las circunstancias en las que los padres o guardianes legales pueden ser separados de los menores y en caso de que esa separación tenga lugar por razones de seguridad o médicas, entre otras, establece el procedimiento para seguir el paradero de los miembros de esa familia y garantizar que esa información se comparte.
La demanda contra el gobierno federal fue encabezada por la ACLU en 2018, todavía bajo el mandato del republicano Donald Trump (2017-2021).
“La práctica de separar familias en la frontera sur era vergonzosa. Este acuerdo facilitará la reunificación de familias separadas y les suministrará servicios críticos para ayudarlas en su recuperación“, dijo en un comunicado del Departamento de Justicia el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.
El acuerdo propuesto solo permite la separación en “circunstancias específicas limitadas”, incluidos casos de seguridad nacional, de seguridad del menor, emergencias médicas y ciertas órdenes penales.
Incluye procesos mediante los cuales el Ejecutivo debe proporcionar información a los familiares que ya hayan sido separados y fija los canales mediante los cuales los padres o tutores pueden comunicarse con el pequeño, además de precisar las circunstancias bajo las cuales el Gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permitan.
El pacto fue presentado en un tribunal federal de San Diego (California) y entre otros beneficios, autoriza que los padres de niños separados vayan a Estados Unidos con un permiso especial durante tres años y puedan trabajar en ese tiempo.
“Creemos que el pacto es un paso importante y adelante de cara a ayudar a miles de familias”, indicó a la agencia EFE Daniel Galindo, uno de los abogados de ACLU encargados del caso.
Dicho acuerdo también contempla acceso a servicios legales, ayuda temporal a la vivienda y asistencia médica.
Pueden optar a esas ayudas quienes fueron separados entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, pero prevé excluir a quienes después del 26 de junio de 2018, día en que se aceptó la querella, fueron separados por el historial penal de los adultos u otras de las excepciones previstas.
“Ayuda a los miembros de una familia a volver a estar con sus seres queridos en Estados Unidos y recibir servicios que les ayudan a abordar el trauma que han sufrido”, indicó en otro comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Unos 5 mil 500 menores de edad fueron separados de sus familias en la frontera en el marco de la política antimigratoria de Trump. El gobierno de Biden, a su llegada al poder en enero de 2021, creó un grupo de trabajo para abordar al asunto.
El Departamento de Seguridad Nacional indicó que ese grupo ha buscado en miles de registros gubernamentales para identificar familias separadas y hasta ahora ha logrado reunir a más de 750 niños con sus familiares, además de identificar a otros 85 niños que están en el proceso de reunificación.
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