Letras Económicas
Por José Claudio Ortiz
La semana pasada platicamos sobre un tema que cada vez suena con más fuerza en el discurso público: la digitalización del gobierno. Hablamos de la nueva ley que busca poner en línea el 80 % de los trámites y reducir a la mitad los tiempos de gestión, y también del riesgo de que todo ese esfuerzo quede en el aire si no se capacita al personal público de manera constante.
Pero el problema no termina ahí. En realidad, capacitar a los servidores públicos es apenas una parte del reto. En México, muchos intentos por modernizar la administración pública han fracasado, y no por falta de ideas, sino por algo mucho más viejo y difícil de resolver: la falta de liderazgo institucional y normativa sólida, la corrupción que se esconde en los trámites opacos, y la falta de presupuesto con visión de largo plazo.
Vamos a hablar de frente sobre estos tres saboteadores que, con o sin WiFi, siguen frenando la transformación digital.
1. Normativa débil y liderazgo institucional ausente
Durante años, los esfuerzos de digitalización en México se han movido a base de recomendaciones, lineamientos y buenas intenciones… pero pocas veces con carácter obligatorio. La mayoría de las dependencias podían decidir si avanzaban o no, y a qué ritmo.
Hace algunas semanas se promulgó la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que, al menos en papel, sí establece la obligatoriedad de digitalizar trámites en todo el país. Incluso crea una autoridad central y un catálogo nacional de trámites. ¿El problema? Que el éxito real de esa ley depende de la coordinación efectiva entre Federación, estados y municipios, y eso es justo lo que históricamente ha fallado.
Además, aunque la ley obliga a rediseñar trámites, no solo digitalizarlos superficialmente, en la práctica siguen existiendo vacíos, interpretaciones laxas y múltiples excepciones que limitan su efectividad.
Y hay algo todavía más de fondo: sin una señal clara desde el nivel jerárquico más elevado de cada institución, muchos funcionarios siguen viendo la digitalización como algo pasajero, no como una transformación permanente. El liderazgo político importa. Mucho.
2. Corrupción disfrazada de trámite y discrecionalidad
Mientras más confuso es un trámite, más fácil es controlarlo desde la sombra. Y eso es lo que ha ocurrido por décadas en muchos rincones de la administración pública mexicana: trámites innecesarios, lentos, poco claros y llenos de pasos inútiles que generan oportunidades para “agilizar” el proceso… a cambio de algo.
Digitalizar podría ser un antídoto poderoso: automatiza reglas, genera trazabilidad, y reduce espacios de discrecionalidad. Pero también puede volverse una trampa. Si lo único que se hace es pasar al formato digital un proceso mal diseñado, el resultado es el mismo problema… pero con interfaz bonita.
Peor aún: hay quienes activamente resisten la digitalización porque les quita poder. Funcionarios que, sin controles ciudadanos ni voluntad institucional, prefieren seguir teniendo en sus manos decisiones que pueden “negociar”.
La digitalización verdadera debe ir acompañada de simplificación real, rediseño profundo de los procesos y vigilancia activa desde fuera, con participación ciudadana y transparencia automática.
3. Presupuesto escaso y sin visión transexenal
Digitalizar bien cuesta. Se necesita inversión en infraestructura, conectividad, plataformas, soporte técnico, ciberseguridad y capacitación continua. No se hace con una presentación en PowerPoint ni con una app hecha al vapor.
El problema es que muchos proyectos digitales en México han sido lanzados con presupuesto limitado o sin garantías de continuidad entre sexenios. Y así no se puede construir una política pública sólida: si cada nueva administración empieza desde cero, el gobierno entero se convierte en una app beta permanente.
Además, en municipios pequeños y oficinas estatales, los equipos de trabajo muchas veces no tienen siquiera las condiciones básicas para operar digitalmente. Ni computadoras actualizadas, ni internet confiable, ni personal técnico. Y si a eso le sumamos la falta de presupuesto específico para implementar los cambios, el resultado es evidente: buenas ideas, pero sin ejecución real.
Conclusión
La digitalización del gobierno es urgente, sí. Pero también debe ser inteligente, coordinada y respaldada con fuerza política real. De nada sirve una nueva ley si no hay voluntad de aplicarla, dinero para sostenerla ni claridad para liderarla.
Y por más que se hable de eficiencia y modernidad, si no se enfrentan estos tres saboteadores con decisión, lo único que tendremos será una administración pública igual de lenta, pero ahora con formulario en línea.
Porque en México, el problema nunca ha sido el WiFi… ha sido el sistema.
Que tengas excelente miércoles, te espero la próxima semana.
@jclaudioortiz
