El actuar del ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel no dañó la imagen institucional de la Suprema Corte de Justicia del país.
Lo anterior fue considerado por la ministra Olga Sánchez Cordero, al enfatizar que la situación que prevalece entre Góngora Pimentel y su ex pareja sentimental, Ana María Orozco, “es de vida privada” y por ello no es posible pronunciarse más allá.
En breve entrevista, la juzgadora fue cuestionada respecto a si como presidente de la Corte Góngora Pimentel violó alguna normatividad en torno a los lineamientos que deben seguirse para el ingreso de personal a la institución, dado que mantenía una relación sentimental con el ministro en retiro.
En ese sentido, Sánchez Cordero indicó que no, porque ambos no mantenían “una relación formal, no era su esposa”.
En cuanto a la acusación de tráfico de influencias que vertió Ana María Orozco contra el ex presidente de la Corte, por haberla metido presa y reducir al mínimo la pensión alimenticia de los dos hijos que procrearon, Sánchez Cordero aclaró que no puede pronunciarse al respecto porque se trata de procesos que continúan abiertos y reiteró que se trata de los asuntos de la vida privada de ambos personajes.
Sánchez Cordero fue entrevistada al término del lanzamiento del Programa Nacional de Capacitación y Difusión en materia de Amparos, puesto en marcha por el Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a la iniciativa de reforma que estudia el Senado, que contempla imponer exámenes de control de confianza a jueces y magistrados de todo el país, dada a conocer por este diario la semana pasada, Sánchez Cordero adelantó que no podrá pronunciarse por este momento sobre el particular, ya que seguramente si la iniciativa se convierte en ley llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea estudiada su constitucionalidad.
En tanto, diversos impartidores de justicia federales estimaron que en la actualidad, para el ingreso y permanencia al interior de dicho Poder, son sometidos a diversas pruebas, como psicológicas y de profesionalización, por lo que consideraron que no sería conveniente llevar a cabo las medidas que se pretenden, aunque si la ley se aplica, dijeron, se tendría que acatar.
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