El estado de emergencia declarado por el gobierno peruano empezó ayer a regir en la provincia de Islay, que llevaba más de dos meses en paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María y que ayer sumó un cuarto fallecido durante unas violentas protestas en las calles.
A pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, anunció el pasado 15 de mayo una pausa de 60 días en la ejecución del proyecto minero para buscar un entendimiento con la población, las movilizaciones contra el proyecto continuaron en demanda de que se suspenda por la presunta contaminación ambiental que ocasionará.
Las tanquetas del ejército comenzaron a recorrer los distritos de Islay para ayudar a la Policía Nacional a restablecer el orden y levantar los bloqueos de caminos que paralizaron el tránsito desde el 23 de marzo, cuando empezó el paro contra Tía María.
Las actividades comerciales en Valle del Tambo, Cocachacra y otros distritos de Islay comenzaron a restablecerse, pero aún no hay transporte público en la provincia.
A pesar de que el estado de emergencia restringe los derechos a la libertad de reunión y de tránsito, algunos manifestantes que participaron en las movilizaciones de los últimos días se congregaron en la céntrica plaza de San Francisco, en el distrito de Cocachacra, donde la comisaría fue atacada con explosivos.
Un enfrentamiento entre manifestantes, que intentaban bloquear una carretera nacional, y donde la Policía Nacional dejó ayer un muerto y al menos cinco heridos, dos de ellos agentes policiales, informó anoche el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, en una rueda de prensa conjunta con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, lamentó que los hechos de violencia de ayer, “con el empleo de cartuchos de dinamita”, haya forzado la declaratoria de emergencia para “garantizar que los agricultores puedan completar la cosecha para que no sufran pérdidas” y que los niños puedan asistir a las escuelas, porque están al borde de perder el año escolar”.
Humala dijo que “el gobierno tiene que garantizar la vida en comunidad en paz, que los pobladores puedan salir a las calles y que no les estén cobrando dinero o vejando a algunas personas que piensan diferente” a los opositores del proyecto.
El mandatario afirmó que hay una “estigmatización de los proyectos mineros con fines ideológicos y preelectorales”, y señaló que los autores de las “campañas violentas” tienen en su mayoría vínculos con la banda armada Sendero Luminoso.
Varias organizaciones civiles y de agricultores acataban el paro en Islay en rechazo al proyecto cuprífero Tía María, por la presunta contaminación ambiental en un valle agrícola y las protestas ya habían causado tres muertos hasta ayer, además de decenas de heridos.
Sonora vs. minera
En agosto de 2014 una de las minas de Grupo México en Cananea, Sonora, derramó 40 mil litros de ácido sulfúrico.
De acuerdo con la Conagua, los municipios afectados fueron Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi y Ures.
En marzo de este año la Profepa multó con 22 millones 959 mil pesos a la minera Buenavista del Cobre por el derrame.
La sanción fue porque la minera incurrió en 55 irregularidades.
La Semarnat ordenó como fondo de remediación, un fideicomiso con dos mil millones de pesos.
Fuente: Excelsior.
