La Comisión especial de seguimiento por la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi de la Cámara de Diputados consideró “indispensable” que la empresa Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, suspenda toda actividad hasta que resuelva la contingencia ambiental que provocó el 6 de agosto de 2014.
El informe final de 10 cuartillas que entregarán los diputados federales salientes el próximo 31 de agosto señala que el consorcio podrá volver a la extracción de minerales sólo si “se evalúan (íntegramente) los daños, se garantiza el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización total a la población afectada”.
Además establece que la empresa “mintió desde un primer momento, no informó oportunamente a las autoridades sobre el derrame y ha mostrado indolencia ante la magnitud del problema”.
En el capítulo de “Prediagnóstico de daños a la economía”, creado con datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisa que sólo en el primer mes de contingencia las afectaciones suman 702.8 millones de pesos, en contraste con los mil 140 millones reportados por la comisión presidencial en todo un año de actividades.
Destacan el daño patrimonial a propiedades superior a los 529.5 millones de pesos; la inhabilitación de zonas de cultivo por 86.5 millones; el gasto familiar extraordinario estimado en 46.1 millones; la pérdida de liquidez por actividades turísticas cuantificada en 22.7 millones; y el costo en la suspensión del sistema comercial pecuario de 17.7 millones.
Asimismo, los legisladores federales evidenciaron en el texto que tanto el gobierno de Sonora como la minera Buenavista del Cobre no han mostrado el criterio utilizado para indemnizar a los afectados, el método para cuantificar los daños y el origen de los recursos entregados.
Esta comisión la preside el diputado priista Marco Antonio Bernal Gutiérrez.
Por último, la comisión adelanta que seguirá recabando los informes de las diferentes dependencias para fundamentar la transgresión a la normatividad y exigir a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada a Grupo México tras el derrame de 40 millones de metales tóxicos que afectó a 25 mil habitantes de siete municipios sonorense y mantiene en riesgo a la capital sonorense, porque los más de 70 toneladas de desechos mineros se sedimentaron en la presa que la abastece.
Con información de: Proceso
