EL RADAR
Por Jesús Aguilar
En San Luis Potosí, la presencia de Industrial Minera México, una subsidiaria de Grupo México del magnate Germán Larrea, ha dejado una marca indeleble en el medio ambiente y la salud pública.
Señalarlo siempre ha sido un verdadero viacrucis, ha habido un contubernio histórico de todas las autoridades locales, gobiernos estatales y municipales que han permitido que crucen décadas y se atraviese la salud pública y comunitaria sin consecuencias aparentes.
El colmo final de esta extraña relación culminó con el último puesto importante que ocupó el ex Gobernador y artífice de una especie de maximato suave durante varios años en el San Luis moderno, Horacio Sánchez Unzueta, quien hasta su reciente muerte tuvo un puesto clave, enlace indispensable para los tiempos del “cierre” de operaciones de la famosa “Zarco” en la ciudad capital.
Durante décadas de operación en la colonia Morales, se han acumulado preocupaciones significativas debido a la impregnación de metales pesados altamente tóxicos en el suelo. Además, el funcionamiento de la planta de zinc y una mina en Charcas plantea inquietudes adicionales sobre la posible contaminación ambiental. Estos problemas deberían ser objeto de un monitoreo constante por parte de las autoridades, según el investigador Fernando Díaz Barriga quien lleva muchos años levantando la voz con autoridad moral y científica sobre el tema.
Entre los efectos negativos más destacados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, sobresale el impacto ambiental y en la salud de los residentes de Morales. Durante años, la planta de Industrial Minera México manejó arsénico y plomo, dejando una deuda no solo económica, sino también social con la población afectada. Actualmente, la empresa tiene una deuda de 100 millones de pesos en impuestos prediales.
El perímetro que durante muchos años durante su plena operación fastidiaron a los vecinos de Morales no solo incidieron en muchos casos de salud ahí, la popular colonia colinda a tan solo la distancia de una larga barda con uno de los históricos residenciales de la burbuja potosina, el Club Campestre y sus habitantes desde los 80s también sufrieron los estragos directos de su mancha, la afectación de Grupo México es y fue altamente democrática, como ahora sucede con todo el desarrollo habitacional con el que conviven, las etapas de Villa Magna, Horizontes y residencial San Ángel y Colorines.
El profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Fernando Díaz Barriga, recordó que la historia de la empresa minera en el estado es antigua. La compañía adquirió la planta de cobre de Azarco, que funcionó desde 1890 hasta su clausura en 2010. El problema radica en que esta instalación, inicialmente dedicada a la fundición de cobre y plomo, posteriormente se centró en el tratamiento de arsénico, todos ellos metales extremadamente tóxicos. Estos metales han sido vinculados a enfermedades cardiovasculares y cáncer, y la contaminación residual sigue presente en algunas viviendas de la zona.
“Existe un impuesto ambiental en Morales debido a la presencia de Minera México, especialmente en patios domésticos donde el suelo no ha sido reemplazado, lo que representa un riesgo continuo,” indicó Díaz Barriga. Además, señaló que, aunque se realizó una remediación adecuada dentro del perímetro de la antigua empresa, persiste una contaminación histórica en el suelo de Morales. Esta situación requiere monitoreo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dado que la minería es una actividad regulada a nivel federal.
La planta de zinc, que continúa operando, también genera preocupación. Es sorprendente que ni las autoridades municipales y estatales ni los residentes de áreas cercanas, como el fraccionamiento Villa Magna, parezcan preocupados por la posible contaminación. Díaz Barriga subrayó la necesidad de establecer una red de monitoreo del aire para detectar elementos traza, considerando la ubicación urbana de la planta.
Por otro lado, en el municipio de Charcas, Grupo México opera una mina de polimetálicos. Como es común en las zonas mineras, la contaminación del suelo afecta principalmente a las poblaciones cercanas. No obstante, parece haber una falta de interés y civismo ambiental entre los habitantes para exigir programas de vigilancia y control.
La historia de Grupo México en San Luis Potosí es un recordatorio de las consecuencias ambientales y de salud pública que pueden surgir de la explotación minera sin una adecuada regulación y monitoreo.
Es imperativo que las autoridades y la sociedad en general tomen medidas para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, vigilando de cerca las actividades de empresas como Grupo México.
Las potenciales consecuencias del abusivo manejo de Grupo México en contubernio con los funcionarios y ex personajes púbicos con potestad en más de 7 décadas en San Luis Potosí han minado la salud e intelecto de varias generaciones en cálculos del propio Dr. Díaz Barriga, un plan que parece más macabro de lo que parece, ambición desmedida de la empresa de uno de los hombres más ricos e impunes del país.
