El Grupo Aras, firma consultora en colocación de capital que organizó el foro económico Visión Chihuahua, en el que participó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en octubre pasado, acumula al menos 3 mil 559 denuncias en la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua por el delito de fraude.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó a SinEmbargo que las querellas se han presentado en diversas ciudades de esa entidad desde el 3 de noviembre del 2021, cuando se presentó la primera en la Fiscalía Centro, de la Ciudad de Chihuahua.
Al 9 de febrero, se han registrado al menos 3 mil 559, de las cuales, 3 mil 282 se presentaron en la Fiscalía de Distrito Zona Centro; 133 en Fiscalía de Distrito Zona Occidente; 22 en la Fiscalía de Distrito Zona Sur y 122 en la Fiscalía de Distrito Zona Norte.
No obstante, los afectados solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que intervenga en el caso, pues aseguraron que las autoridades locales no avanzan en la judicialización de las denuncias.
Para tal efecto, un despacho de abogados en Chihuahua presentó una denuncia el 24 de noviembre de 2021 por el delito de captación del ahorro público sin autorización de la CNBV, tipificado por los artículos 111 y 111 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
“Lo cierto es que este asunto se está manejando de una manera muy descuidada y muy lenta por la Fiscalía General del Estado”, dijo a SinEmbargo Mariano Cordero Burciaga, maestro en derecho y abogado que representa al menos a 300 personas afectadas.
EL FRAUDE
El abogado Mariano Cordero Burciaga explicó que se trata de un mega fraude muy parecido a la figura de la pirámide, donde Grupo Aras ofreció rendimientos inusuales y muy atractivos para que la gente invirtiera su dinero, pero después de un tiempo, el flujo de recursos se cortó y no les regresaron sus inversiones a los afectados.
Detalló que en un principio la empresa Aras funcionó pidiéndoles préstamos a las personas; posteriormente, dijo, involucró a las personas en una serie de inversiones y finalmente, la última figura que utilizó el año pasado para defraudar, fue como accionistas.
Ese grupo, detalló, surgió como si estuviera legalmente autorizado por un notario, pero le faltaba la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La creación o constitución de la sociedad anónima de promotoras de inversión de capital variable la realizaron ante el Notario Número 3, pero como pidieron permiso para usar el nombre Inversman, la Secretaría de Economía le condicionó al Notario dar el permiso, pues lo tenía que aprobar la CNBV, aspecto que no ocurrió, comentó el litigante.
“Nunca obtuvieron el permiso (para constituirse) a tal grado que el 17 de noviembre del año pasado, la CNBV emitió una notificación formal al Grupo Aras para que dejaran de trabajar y captar el ahorro público porque no tiene permiso de la CNBV”, destacó.
A los inversionistas defraudados les dijeron que ARAS trabajaba con base a una disposición de un presunto notario que cumplió con la ley. “Es decir, como el grupo se presentó con ‘fe notarial’ en su constitución, eso generó la credibilidad de la legalidad”.
El abogado consideró que ese fraude se logró en gran parte a que el Estado no hizo su trabajo de fiscalización y vigilancia, algo que debió haber hecho oportunamente, pues aseguró que ese grupo tenía mucha actividad bancaria desde hacía cinco años.
“Entonces toda esa cara que le da legalidad al funcionamiento a ARAS hizo que se involucrara mucha gente, incluyendo personas que trabajan en la Fiscalía General de Chihuahua, como agentes ministeriales, fiscales, mucha gente profesionista y trabajadora […] Esencialmente la falta de vigilancia del Estado y el trabajo que debió haber cumplido la Comisión Nacional bancaria y de valores”.
EL GANCHO DE GRUPO ARAS
Se estima que al menos 18 mil 500 personas fueron defraudadas, de acuerdo con lo dicho por Mariano Burciaga con base en el primer dato que dio Grupo Aras, sin embargo, el abogado indicó que los grupos que apoyan a los afectados tienen conocimiento de que se han presentado al menos cuatro mil querellas en Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Ojinaga y Parral. Además, hay una denuncia colectiva con 1 mil 800 afectados.
El fraude, comentó, se gestó cuando los dueños y representantes de Grupo Aras utilizaron a personajes de confianza de los inversionistas que les confiaron sus ahorros, sus pensiones o jubilaciones.
Uno de los factores por los que las personas confiaron en esos grupos, es que fueron seducidos en el negocio porque los probables responsables recurrieron a figuras públicas como el expresidente de la República, Felipe Calderón para alentar el proyecto.
“Fue una estrategia de mercadotecnia en el sentido de que se recurrió a figuras públicas para darle difusión. Calderón fue invitado a un foro en Ciudad Juárez, Chihuahua, en octubre del año pasado, y en ese foro tuvo mucha presencia de gente de Acción Nacional (PAN), incluso tenía que ver con el entonces Gobierno municipal de María Eugenia Campos[..] En el foro (Calderón) estuvo en una conferencia. Él habló de estrategias financieras agresivas que iban a ser punta de lanza en el crecimiento económico de los capitales; él participó, declaró a favor de ellos (Aras) en la conferencia realizada en octubre”, expresó el abogado.
Mariano Cordero comentó que las denuncias interpuestas en el ámbito local no han tenido avance. Detalló que la Fiscalía de Chihuahua hizo un aseguramiento de bienes, pero desconocen si la acción es para beneficio de todas las víctimas o nada más para los que están en las carpetas de investigación. Lo anterior, detalló, es porque no les dejan tener acceso a las carpetas de investigación.
Frente a la lenta investigación en Chihuahua, dijo, el despacho donde trabaja presentó una denuncia el 24 de noviembre por un delito federal de captación del ahorro público sin autorización de la CNBV, pero las autoridades federales declinaron su competencia a la materia local por el delito de fraude.
Los representantes de los afectados presentaron otra denuncia el pasado 27 de diciembre, en la cual, tampoco los atendieron inicialmente.
“El día 10 de enero volvimos a presentar un escrito a Gobierno federal donde le estamos recordando que tenemos un derecho constitucional a la verdad y a ser atendidos. La obligación quE tienen ellos, como FGR es darle inicio a la indagatoria”, dijo el litigante.
En el escrito, firmado por al menos 60 víctimas y dirigido a diversas dependencias de Gobierno federal, los afectados piden que intervengan en el caso.
Mariano Cordero agregó que es importante que las autoridades le den importancia al caso porque el bien jurídicamente tutelado no es solamente el patrimonio de las víctimas, sino la seguridad jurídica que tiene que tiene la ciudadanía de no estar en riesgo de organizaciones que capten ahorro sin autorización de la CNBV.
“Yo considero que la denuncia federal va a avanzar radicalmente porque una comisión integrada por miembros de nuestros grupos y los legisladores del Estado de Chihuahua, la Diputada María Antonieta Pérez y Óscar David Castrejón, estuvieron en la Unidad de Inteligencia Financiera, pues nosotros consideramos que es la capacitada y competente para rastrear todo el dinero que se haya sacado (Grupo Aras) del Estado de Chihuahua”, abundó Cordero.
En caso de que la FGR insista en declinar su competencia, el abogado advirtió que acudirán a los tribunales federales.
El abogado dijo desconocer quienes son los dueños de la empresa, ya que hasta el momento quien ha aparecido como representante es Armando Gutiérrez.
“La gente creyó que era la panacea financiera y económica porque en un principio estuvieron dando rendimientos y no fueron vigilados por el Estado, lo que hizo creer a la gente que era algo de veras, pero no era más que una pirámide. Se cortó el flujo de capital y ya no pudieron pagarle a la gente”. Detalló.
Actualmente el grupo ofrece a los ofertados como garantía una mina, que ni siquiera es propiedad de ellos, de acuerdo con el entrevistado.
El monto total del fraude aun es incierto, pero Mariano Cordero comentó que hay cálculos que estiman podría ascender a los 10 millones de pesos.
Dijo que en cuanto a los representantes y la empresa “supuestamente está a la vista de todos, pero los actuarios de los juzgados civiles no los han podido notificar. Por ahí se sustenta una persona como abogado de ellos (Aras) pero cuando van los actuarios niega ser el asesor y no acepta notificaciones”, detalló.
El abogado señaló que entre las principales peticiones es que se judicialicen las denuncias. “porque tenemos el temor, que, no fundado, pero sí es muy obvio, que vayan a hacer las cosas mal a propósito. Esperamos que los aseguramientos de bienes sigan siendo formales y no se vayan a levantar por falta de judicialización”.
Sin Embargo